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Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde

Publicado: 20 Septiembre 2021

Para eldiario.es 

Tras el fiasco en Afganistán, Biden se siente en la necesidad de demostrar que no solo no va a desaparecer del escenario internacional, sino que va a reforzar su apuesta contra el gigante asiático.

El ritmo de los acontecimientos (y la tensión) en la región Indopacífico se acelera bruscamente. Tras el fiasco de Estados Unidos en Afganistán, el presidente Joe Biden se siente en la necesidad de demostrar que su país sigue siendo el líder mundial y que no solo no va a desaparecer del escenario internacional, sino que va a reforzar su apuesta contra China.

En esa línea, y con el añadido de que su segunda conversación telefónica con Xi Jinping no ha servido para aliviar las tensiones, hay que entender su anuncio esta semana sobre la creación de una alianza en materia de seguridad con Australia y Reino Unido (de ahí el nombre de Aukus). Un movimiento que desplaza definitivamente el centro de gravedad de la agenda mundial hacia la zona y que, de paso, ha provocado una sacudida con efectos en varias direcciones.

Australia toma partido

Por un lado, Australia, que durante estos últimos tiempos había jugado con cierta ambigüedad, atrapada entre la dependencia comercial china y los requerimientos estadounidenses de alineamiento inequívoco contra Pekín, ha terminado por tomar partido de la manera más notoria.

Comprometido con la empresa estatal francesa Naval Group desde 2016 para desarrollar doce submarinos convencionales que sustituirían a las arcaicas seis unidades de diseño sueco con los que cuenta hasta ahora –en el marco del denominado programa Attack, estimado en unos 56.000 millones de euros y lastrado por la acumulación de cambios de rumbo en su definición y crecientes retrasos–, Canberra ha decidido finalmente cerrar dicho programa y poner en marcha otro con Washington para dotarse de ocho submarinos de propulsión nuclear.

Aunque el primer ministro Scott Morrison insiste en que irán dotados de armas convencionales (probablemente los misiles crucero Tomahawk estadounidenses, con unos 2.500 kilómetros de alcance), esa decisión convertirá a Australia en el séptimo país con ingenios submarinos nucleares, situándolo decididamente en la órbita de Washington en su afán de hacer frente a la emergencia china y dotándolo de una muy mejorada capacidad de patrulla y de disuasión gracias a su autonomía prácticamente ilimitada.

La UE pierde peso

Por otro, no solo se trata de que Francia pierda un lucrativo contrato, sino que basta recordar las palabras de su ministro de exteriores, Jean-Yves Le Drian –es una puñalada por la espalda”– para aventurar que las relaciones entre EEUU y Francia se van a tensar aún más.

Visto desde la perspectiva de una Unión Europea (UE) que, precisamente el mismo día del anuncio de Biden, daba a conocer su nueva postura hacia China (Global Gateway), lo ocurrido solo puede entenderse como una señal de la pérdida de peso de los Veintisiete en la agenda estadounidense.

Washington apuesta, como en tantas otras ocasiones anteriores, por sumar fuerzas con aliados anglosajones; una opción que resulta un fantástico regalo para un Reino Unido desubicado tras el Brexit y que pretende seguir jugando en la primera división mundial, alineándose lo más estrechamente posible con EEUU. Una línea de acción que se reforzará aún más con la inminente convocatoria de Biden a los miembros del Quad (Australia, EEUU, India y Japón) el próximo día 24, igualmente con China en mente.

Puede parecer que Washington se ha dejado llevar por las prisas, añadiendo a su bando a actores sin suficiente peso específico, pero dispuestos o necesitados de sus garantías de seguridad inmediata, sin entender que la UE es, con diferencia, su principal aliado natural para poder mantener su liderazgo y para contener a China.

Lo ocurrido también deja aún más claro que, como ya se percibió tras la ronda europea de Biden la pasada primavera, la relación trasatlántica chirría cada vez de manera más visible, lo que aumentará las disensiones en el marco de la OTAN, sin que la Unión parezca capaz a corto plazo de dar contenido real a la ambicionada "autonomía estratégica" que tanto Ursula Von der Leyen como Josep Borrell pretenden impulsar.

La principal baza de China

En cuanto a China, no puede sorprender de ningún modo su crítica a Aukus, calificándola de extremadamente irresponsable al poner en riesgo la seguridad de la región. Pekín sabe que se ha convertido en el objetivo preferente del esfuerzo de Washington por reorientar su esfuerzo hacia la zona y por sumar aliados, construyendo diversas alianzas económicas, tecnológicas, militares y de inteligencia que buscan contener al gigante asiático.

Su vocación de liderazgo y su modernización militar son innegables, aunque siga por debajo de EEUU. También lo son sus crecientes acciones de intimidación en las aguas disputadas con sus vecinos. Pero por encima de ello, hoy por hoy, su principal baza para evitar que sus vecinos se abalancen en brazos de Washington no es el instrumento militar, sino el comercial, financiero y tecnológico.

De ese modo, convertido en primer socio comercial e inversor, consigue frenar decisiones en su contra, como ocurre con frecuencia en el marco de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), e incluso logra la inhibición de algunos o los convierte en su aliado. La última señal de esa estrategia es su decisión formal, anunciada al día siguiente del anuncio de Aukus, de formar parte del Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, una iniciativa impulsada originalmente por Washington (aunque luego decidió quedarse al margen) precisamente para aislar a China en la región.

No es, desde luego, la guerra, pero la tensión está servida.

IMAGEN: El presidente Joe Biden en un anuncio en conexión remota con el primer ministro australiano, Scott Morrison, y el primer ministro británico, Boris Johnson. Oliver Contreras / EFE

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Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde

Publicado: 14 Septiembre 2021

 Para Blog Elcano.

Dado que, más allá de algunas protestas puntuales, ninguno de los principales participantes en las elecciones legislativas (además de locales y regionales) celebradas en Marruecos el pasado día 8 ha cuestionado frontalmente los resultados, habrá que asumir que lo ocurrido es la expresión real de la voluntad popular. Con una participación que no ha llegado al 51% del electorado (42% en 2016) resulta tan llamativa la debacle del Partido Justicia y Desarrollo (PJD), de perfil islamista y primera fuerza parlamentaria desde 2011, como la concentración del voto alrededor de partidos “de palacio”, con la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI, con 97 escaños) y el Partido de la Autenticidad y Modernidad (PAM, con 87) en cabeza.

Para explicar esos resultados se puede echar mano de la nueva ley electoral, aprobada el pasado marzo, que apuesta por un sistema que dificulta aún más que cualquier partido pueda pasar del centenar de escaños (de un total de 395), y que prima el voto rural (contando con que el PJD es, sobre todo, una fuerza urbana). Eso ha dado como resultado un parlamento más diverso y fragmentado, en el que es cierto que se asegura una mayor cuota de mujeres y de diputados por debajo de los cuarenta años, pero también lo es que se complica la estabilidad de cualquier coalición gubernamental. También cabe aducir que el desgaste producido por la tarea de gobierno y el escaso carisma de su primer ministro, el ya dimitido Saadedin el Otmani, hacían prever una caída en el apoyo a los islamistas del PJD, aunque nunca desde los 125 escaños que tenía a los 13 actuales. Y, por supuesto, el impacto de la COVID-19 también ha contado en ese pésimo resultado, así como la adopción de medidas difícilmente entendibles para sus simpatizantes y militantes, como el arrinconamiento de su líder principal, Abdelilá Benkirán, la aprobación de la ley que permite el uso terapéutico del cannabis o, menos aún, la normalización de relaciones con Israel.

El contrapunto más destacado frente a ese innegable desplome es el avance del RNI, desde los 37 escaños y cuatro ministerios con los que contaba hasta ahora, hasta los 97 y la presidencia del gabinete ministerial. No deja de resultar asombroso que un partido formado fundamentalmente por empresarios, altos funcionarios del Estado y tecnócratas, junto a notables locales, activistas de la sociedad civil e intelectuales, que ha formado parte de todos los gabinetes ministeriales desde 1996, y que cuenta con un líder, Aziz Ajanuch, empresario multimillonario y ministro de agricultura y pesca desde 2007, parezca haber convencido a los votantes- con el lema electoral: “te mereces lo mejor”- de que el RNI puede ser el partido del cambio. De momento ya ha recibido el encargo de Mohamed VI de formar un nuevo gobierno, necesariamente de coalición, en el que a buen seguro también estará el PAM, liderado por Ali Fuad al Himma, igualmente amigo personal del rey y uno de sus principales consejeros.

De este modo, la conclusión fundamental de la jornada electoral es que el principal beneficiado es el propio monarca marroquí y, por extensión, el majzén cortesano que lo ampara y a través del que reina y gobierna. Ahora contará con amigos personales al frente de un gobierno que hay que entender más como un ejecutor de las decisiones reales que como un decisor último sobre el rumbo del país. Ajanuch está mucho más empeñado en los asuntos ligados a los negocios y a la mejora del bienestar nacional (como método prioritario para “comprar” la paz social), que en las necesarias reformas políticas y el avance de los derechos que hagan de Marruecos una monarquía realmente parlamentaria. En definitiva, palacio contará con un gabinete menos ideologizado y exigente, más dispuesto a amoldarse al limitado marco político vigente.

Queda por ver, por un lado, cómo va a digerir el PJD no solo la derrota, sino la sensación de haber servido de mero legitimador de un sistema que deseaba transformar a su imagen y semejanza (una experiencia por la que ya pasó en su día, con el mismo resultado, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, hoy con 34 escaños), para quedarse ahora convertido en una fuerza marginal; sin olvidar la poderosa sombra del Movimiento Justicia y Espiritualidad que desde hace años se atreve a cuestionar la monarquía y el liderazgo religioso del rey. Por otro, pronto se comprobará en qué quedan las promesas electorales de Ajanuch, pensando en las enormes dificultades de la economía marroquí para cumplir con la creación de un millón de puestos de trabajo, la extensión del seguro médico a toda la población, elevar el salario a los docentes o garantizar una pensión digna a todos los mayores.

IMAGEN:  Retrato del rey Mohammed VI en la plaza de Meknes, Marruecos. Foto: fredsharples (CC BY 2.0) Blog Elcano

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Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde

Publicado: 13 Septiembre 2021

Son muy pocos los éxitos cosechados y las lecciones aprendidas desde el 11-S en términos de lucha contra la amenaza terrorista. De hecho, lo único que Estados Unidos puede anotar en su haber es que, efectivamente, no ha vuelto a sufrir en su territorio un atentado similar a aquellos. Dado que ese era el objetivo original de la “guerra contra el terror”, que comenzó con la invasión de Afganistán en octubre de 2001, cabría concluir que todo lo demás —a anotar en el apartado del debe— serían apenas efectos colaterales perfectamente asumibles.

Pero difícilmente se puede sostener ese juicio —aunque incluya la eliminación de Osama bin Laden y Abubaker al Bagdadi— cuando son tantos los errores acumulados y no pocos los efectos perversos de la desventura militarista que inició George W. Bush. Ahí queda, para empezar, el desprecio estadounidense a una OTAN que, por primera vez en su historia, activó el artículo V del tratado y se encontró con que Washington prefirió montar una “coalición de voluntades” claramente unilateralista a pesar de las apariencias. Desde entonces se ha ido ensanchando la fractura interna de una Alianza cada vez más desnortada, junto a la que afecta a la Unión Europea y a EE UU; precisamente cuando más necesaria es la cooperación trasatlántica para hacer frente a problemas tan serios como la crisis climática o la emergencia de China.

Por el camino ha quedado —¿irreparablemente?— dañada la credibilidad de Washington como garante último de sus aliados. ¿Qué confianza pueden tener hoy Taiwán, Ucrania o los países bálticos frente a las amenazas que perciben de China o Rusia, cuando EE UU ha dejado abandonados a los afganos bajo la presión de un simple grupo irregular? Por muy racional que sea su intención de salirse de un escenario en el que no están en juego sus intereses vitales para concentrar su esfuerzo en hacer frente a Pekín y Moscú, es inevitable pensar que su condición de hegemón mundial queda aún más erosionada de lo que ya lo estaba antes de la deplorable retirada de Kabul.

La “guerra contra el terror” ha empantanado a EE UU en una tarea incierta, dejando margen de maniobra sobrado a China y Rusia, y ha habido que esperar a la primera Estrategia Nacional de Seguridad firmada por Donald Trump en 2017 para reconocer que ese era un marco inadecuado y que, en su lugar, el nuevo vendría definido por la competencia entre potencias globales. El problema es que ahora llega a esa competencia en peores condiciones que antes y, entretanto, ha despilfarrado ingentes recursos humanos y económicos sin lograr eliminar la amenaza terrorista y, mucho menos, sin democratizar el mundo islámico. Mientras, sus infraestructuras y servicios se han deteriorado significativamente, precisamente cuando le resultaban más necesarios para responder a la Gran Recesión, que ha dejado a muchos atrás y ha aumentado muy peligrosamente la polarización social. Los planes de ayuda que está tratando de sacar adelante Joe Biden buscan, precisamente, modernizar a Estados Unidos y frenar el trumpismo con vistas a las elecciones legislativas del próximo año y a las presidenciales de 2024.

FOTOGRAFÍA: Restos del World Trade Center, en medio de los escombros en Nueva York, el martes 11 de septiembre de 2001.ALEXANDRE FUCHS / AP

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Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde

Publicado: 09 Septiembre 2021

Para el Equal Times.  [FRANÇAIS] [ENGLISH]

¿Es un arma arrojadiza entre Estados? ¿Una moda al hilo del auge identitario? ¿Un intento de extraer lecciones aprendidas para evitar que vuelvan a ocurrir? ¿Una obligación ética con consecuencias reales?

El genocidio es uno de los crímenes que recoge el derecho internacional más difíciles de definir por los expertos y de asumir por sus perpetradores. Sin embargo, en estos últimos tiempos se ha acumulado una inusitada serie de acusaciones directas, junto al reconocimiento explícito de la comisión de un delito que, según el Estatuto de Roma de 1998, supone la destrucción sistemática y deliberada (total o parcial) de un grupo étnico, racial, nacional o religioso llevada a cabo por un gobierno. Una definición que no acaba de satisfacer a todos, dado que, por ejemplo, no concreta lo que pueda ser “destrucción parcial”, no incluye como víctima a un grupo social o político −para el que se ha reservado el término menos conocido de democidio−, ni tampoco contempla acciones contra el medioambiente que puedan acarrear graves riesgos de supervivencia para un determinado grupo.

Se trata de un crimen que no solo incluye las matanzas de personas y las lesiones graves a su integridad física o mental, sino también medidas que afecten directamente a sus condiciones de vida, como destruir sus viviendas u obligarles a abandonarlas, negarles la alimentación o la atención sanitaria, impedir su reproducción mediante políticas de esterilización forzosa o decretar traslados forzosos de sus miembros a otros territorios.

Así se entiende desde que Raphael Lemkin acuñó el concepto en 1944 y así lo recoge el Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que aprobó la Asamblea General de la ONU en 1948. Actualmente es la Corte Penal Internacional la instancia judicial encargada de perseguir y juzgar esos delitos, aunque en la práctica, desde el inicio de sus funciones en 2002, tan solo ha abierto un caso de genocidio contra el dictador sudanés Omar al Bashir −depuesto en 2019−, por su responsabilidad en las sucesivas masacres de la población local de Darfur, entre 2003 y 2008, cometidas por las fuerzas armadas sudanesas y las milicias locales apoyadas por Jartum.

Un caso que se suma a una corta lista que arranca en el siglo XX en la que, para la ONU, solo se contabiliza el genocidio armenio (1915-1923, con el imperio otomano en la diana), el Holocausto (1941-1945, la Alemania nazi contra los judíos), el Samudaripen (1941-1945, la Alemania nazi contra los gitanos), el de Camboya (1975-1979, el gobierno de los Jemeres Rojos contra su propia población), el de Ruanda (1994, el gobierno hutu contra los tutsis), el de Srebrenica (1995, el gobierno serbobosnio contra los bosnios musulmanes) y el de los yazidíes (2014, el grupo yihadista Dáesh contra esa minoría kurda no musulmana ubicada en el norte de Irak).

Se trata, obviamente de una lista que otras fuentes consideran incompleta, tanto si se mira más atrás del siglo XX como si se toman en consideración casos actuales tan trágicos como el que, desde 2017, responsabiliza al gobierno ultranacionalista birmano de masacrar a la minoría rohinyá.

De nuevo en la agenda internacional: por ética… e intereses

Entre los distintos factores que han propiciado la vuelta de este tema a la agenda internacional no hay seguramente ninguno tan significativo como la campaña del Black Lives Matter. La reacción ciudadana en Estados Unidos a la muerte de George Floyd a manos de un policía, en mayo de 2020, ha tenido un notable eco en muchos otros países, acelerando un proceso que, combinando otras motivaciones, ha llevado a que, por ejemplo, Alemania haya finalmente reconocido el pasado 28 de mayo su responsabilidad en la matanza de al menos 60.000 ovaherero y 10.000 nama, en Namibia, entre 1904 y 1908. En paralelo, Francia acaba de pedir perdón por su “abrumadora responsabilidad” (Macron dixit) en el ya citado genocidio de Ruanda y, por su parte, Bélgica expresó el pasado año su “profundo arrepentimiento” por los abusos cometidos en la actual República Democrática del Congo durante el reinado de Leopoldo II. Más recientemente, el 1 de julio de este mismo año, la alcaldesa de Ámsterdam ha pedido perdón por el papel que tuvo la ciudad en el tráfico de esclavos durante la época colonial.

En esa bien visible aceleración cabe entender que, en términos positivos, hay también un claro intento de hacer frente al inquietante auge de los grupos y partidos supremacistas en muchas sociedades occidentales. Se pretende así frenar dinámicas populistas que siguen alimentando los más deplorables instintos racistas que tanto dificultan la convivencia en un mundo globalizado. Pero eso no permite olvidar, como contrapunto, que la referencia al crimen de genocidio también se sigue usando como un instrumento de las relaciones internacionales cuando un gobierno, como el que preside Joe Biden, decide reconocer formalmente el genocidio armenio para castigar a otro (Turquía en este caso) con el que mantiene crecientes diferencias.

En esa misma búsqueda de las razones que explican esta aparentemente sincera multiplicación de disculpas y asunción de responsabilidades históricas hay, por supuesto, otras motivaciones que tienen menos que ver con la ética y la sinceridad y mucho más con los intereses geopolíticos y geoeconómicos.

Así, en plena competencia por la conquista de mercados cuando la crisis está castigando duramente las estructuras económicas de muchas potencias globales y regionales, es fácil vislumbrar que dichas disculpas pretenden, como mínimo, evitar que se rompan los lazos con antiguas colonias, cada vez más conscientes de sus propias potencialidades y más reivindicativas frente a los abusos que han sufrido. Un buen ejemplo de ello es lo que ocurre con el patrimonio cultural y artístico africano, considerando que, según el resultado de una comisión promovida por Emmanuel Macron en 2018, entre el 90 y el 95% de esas riquezas están actualmente fuera del continente (o, lo que es lo mismo, en manos públicas y privadas de algunos países de Europa occidental). Eso explica que Alemania diga estar dispuesta, por ejemplo, a devolver los impresionantes “bronces de Benín” a Nigeria, convertida actualmente en la primera economía africana.

La misma Alemania que, en un intento por acompañar las declaraciones de autoinculpación en el ya mencionado genocidio de Namibia con hechos, ha cometido el craso error de ofrecer –sin negociación previa– 1.100 millones de euros (unos 1.310 millones de dólares) al gobierno de Windhoek (a entregar en un plazo de treinta años para dedicarlo a proyectos de desarrollo). Una cantidad que ha sido rechazada de inmediato por comunidades locales –que han interpretado que era un intento de comprar su aprobación por una cantidad irrisoria–, y que han exigido compensaciones que rondan los cientos de miles de millones, rechazadas a su vez por Berlín. En definitiva, un ejemplo entre tantos (Países Bajos ofreció igualmente paquetes de ayuda a Indonesia por causas similares) que muestra la enorme dificultad para contentar a todos y para fijar una cantidad concreta en concepto de compensación que sirva realmente para superar un trauma de estas dimensiones.

A esa motivación de las antiguas potencias coloniales se añade, de manera cada vez más clara, el temor a que los sentimientos antioccidentales sean aprovechados por quienes no arrastran ese pasado colonial. Y, obviamente, en ese grupo destaca sobre todo una China que ya se ha convertido en el principal inversor y socio comercial de muchos países africanos y asiáticos. En su esfuerzo por consolidar su hegemonía frente a Washington, Pekín está usando a su favor el resquemor acumulado en sociedades y gobiernos que han sufrido el desprecio y el abuso occidental para lograr posiciones de ventaja.

En definitiva, y visto desde Occidente, un asunto en el que cada uno de los actores implicados emplea los instrumentos que tiene a su disposición para salir lo mejor parado posible de la lectura de un pasado del que no siempre cabe estar orgulloso. Todo ello mirando hacia un presente y un futuro que pretende preservar, al menor coste posible, un statu quo amenazado por la progresiva toma de conciencia de los herederos de las víctimas y por la competencia de nuevos actores externos que ven, sobre todo, una oportunidad para ganar posiciones en la eterna pugna entre aspirantes al liderazgo global o regional. De momento, en todo caso, hay muchas más palabras que hechos.