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La ofensiva final del Gobierno de Sri Lanka contra los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE) ha acabado con este grupo armado y, al menos en principio, ha puesto fin a un conflicto que ha durado casi tres décadas y causado cerca de 100.000 muertes. El resultado aparente es una victoria clara del Gobierno de Colombo, aunque persisten dudas e incertidumbres sobre la estabilidad futura del país.

Entre las más evidentes a día de hoy destaca la suerte de los 250.000 civiles que han quedado atrapados en campos de desplazados. A medio plazo será también importante observar los próximos movimientos políticos y evaluar los pasos que hipotéticamente se den para la inclusión e igualdad de la minoría tamil dentro de un sistema político caracterizado hasta ahora por su sesgo discriminador. Ésta es, de hecho, la prueba de fuego para consolidar una paz duradera.

El Gobierno de Mahinda Rajapaksa ganó las elecciones en 2005 con la promesa de derrotar a la insurgencia tamil. Desde el pasado mes de enero su ejército lanzó una guerra total en el norte y este del país, las zonas controladas por el LTTE, que ha acabado con la muerte de prácticamente todos los dirigentes de este grupo, incluido su carismático líder Velupillai Prabhakaran. En consecuencia, la guerrilla ha declarado el fin de las operaciones militares y el Gobierno ha proclamado el fin de la guerra.

Según Naciones Unidas, en estos últimos meses de ofensiva pueden haber muerto unos 7.000 civiles, con más de 13.000 heridos y cientos de miles de personas desplazadas. Las organizaciones humanitarias han acusado a ambas partes de violar las leyes de la guerra y actuar de forma indiscriminada contra los civiles: el LTTE, utilizando población civil como “escudos humanos”; el ejército, con bombardeos indiscriminados sobre la población. Los dos bandos niegan estos extremos, pero algunas instancias, como la Unión Europea (UE), ya han pedido una investigación independiente que aclare las responsabilidades sobre los acontecimientos de las últimas semanas y sobre la posible comisión de crímenes de guerra. Ambas partes han ejercido en estos meses un férreo control de la información y no han permitido el acceso a la zona de combates de medios de comunicación independientes ni de ONG.

El LTTE ha reconocido la muerte de la mayor parte de su dirigencia y ha anunciado el fin de las operaciones militares, así como su disposición de entrar en un proceso democrático y promover los derechos de los tamiles por medios pacíficos, incluido el derecho de autodeterminación. Por parte del Gobierno, el presidente Rajapaksa ha anunciado que la reforma política está en la agenda y que se darán pasos en ese sentido, trabajando con los grupos tamiles moderados y no violentos.

Desde dentro y fuera de Sri Lanka, son numerosas las voces que advierten que se ha ganado la guerra, pero que el reto, más difícil, que todavía queda por delante es ganar la paz. Por un lado, el aniquilamiento de la práctica totalidad de los líderes del LTTE permite pensar que sea real el fin de las operaciones militares. Por otro, el grupo es experto en el manejo de explosivos, coches bomba y en terrorismo suicida, unas operaciones que, aunque de forma dispersa, todavía podrían continuar. Al mismo tiempo, los Tigres mantienen importantes apoyos en las numerosas comunidades de la diáspora y aún controlan significativos recursos financieros y logísticos. Además, la brutalidad de la ofensiva militar, calificada por numerosos medios como un baño de sangre, puede haber generado más resentimiento entre la población tamil de Sri Lanka, lo que deja abierta la posibilidad de que se produzca el surgimiento de una nueva generación de jóvenes dispuestos a luchar. En definitiva, sólo un esfuerzo real de integración por parte del Gobierno, que incluya garantías del ejercicio pleno de sus derechos como ciudadanos podría frenar esa tendencia.

Los tamiles se han sentido históricamente discriminados en el Estado de Sri Lanka, desde su independencia en 1948 (aunque en algunas etapas llegaron a controlar importantes palancas de poder económico y político de la isla con apoyo británico, primero, e indio, ya en el marco de su independencia). Posteriormente, esa discriminación fue consagrada en sucesivas leyes y ordenamientos, relegándoles a una posición de ciudadanos de segunda en términos de idioma, religión (hindú, frente a la budista de la mayoría cingalesa) y derechos administrativos. En los años setenta numerosos grupos armados y no armados comenzaron a luchar por sus derechos, aunque sería el LTTE el que se impondría como principal representante de su causa por su política de no hacer concesiones (nada menos que un Estado independiente sería aceptable) y por el alto nivel de violencia que imprimió a sus acciones (lo que llevó a la aniquilación de todos los grupos rivales y consolidó su imagen de combatiente indesmayable).

El LTTE llegó a controlar una cuarte parte del país y se convirtió en uno de los grupos armados más poderosos del mundo, contando con una fuerza de hasta 15.000 efectivos en armas. Se trata del grupo que ha lanzado más ataques suicidas en la historia, aunque también ha utilizado medios militares aéreos y navales, combinando la guerra de guerrillas y las tácticas terroristas con los enfrentamientos militares tradicionales. Entre otras víctimas de sus ataques puede contarse a un presidente de Sri Lanka, R. Premadasa, y al entonces primer ministro de la India, Rajiv Gandhi.

Volviendo a la actualidad, la situación es desesperada para los más de 250.000 civiles que escaparon de las zonas de combate y que ahora se hacinan en campos de desplazados de los que no pueden salir. El Gobierno se niega a permitir el pleno acceso a esos campos a las organizaciones humanitarias y a conceder a los civiles atrapados libertad de movimientos, argumentando que continúan las operaciones militares y que debe garantizar que no quedan miembros del LTTE escondidos entre ellos. Se ha comprometido, sin embargo, a reasentarlos de aquí a final de año. Diversos organismos internacionales han reclamado que no se conviertan en campos de concentración y que se permita a sus forzados inquilinos reunirse con sus familias. De momento esto no se ha logrado, como tampoco el acceso humanitario de ONG imparciales e independientes.

Tanto el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, como la UE y el Gobierno noruego (facilitador de los últimos diálogos de paz a partir del año 2002) han pedido pasos decididos hacia la reconciliación para evitar que se repita la historia. Una historia de la que Sri Lanka tiene ahora la oportunidad de salir definitivamente.