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- Escrito por IECAH
(12 ABRIL - 2 DE MAYO)
¿Quieres saber cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 al sistema internacional de ayuda y los cambios que ha impulsado? ¿Te gustaría conocer las herramientas existentes tales como los programas basados en transferencias monetarias (cash transfer)? Aprende sobre estas y otras cuestiones de actualidad a tu ritmo, en un taller online, sin horarios y con reconocidos profesionales.
La acción humanitaria se caracteriza por ser un sector en continuo movimiento. El dinamismo de las sociedades y los entornos en los que trabaja no le permiten otra opción. Múltiples son las iniciativas, debates y herramientas generadas en el sector para garantizar la protección y asistencia a las poblaciones.
El impacto de la pandemia de la COVID-19 a nivel internacional ha obligado al sector, de un día para otro, a adaptarse a las nuevas realidades existentes y a acelerar debates. Cuestiones que cobraron cierta relevancia tras la celebración de la Cumbre Humanitaria Mundial en el año 2016, tales como la localización de la ayuda o la incorporación de los programas basados en transferencias monetarias (cash transfer), ven como la realidad les hace replantearse sus metodologías al surgir nuevas dificultades y retos.
Contenidos
El curso se estructura en seis clases:
- Clase 1: El sistema de ayuda internacional, nuevos retos y desafíos.
- Clase 2: El concepto de riesgo y vulnerabilidad.
- Clase 3: Interseccionalidades.
- Clase 4: El triple nexo humanitario.
- Clase 5: Localización de la ayuda.
- Clase 6: Nuevas metodologías de trabajo.
Metodología
Curso de 20 horas de dedicación dinamizado por 3 tutores/as. El curso se desarrollará de manera virtual en la plataforma online del IECAH y estará compuesto por 3 módulos de una semana de duración cada uno. Cada módulo constará de dos clases, un ejercicio y un debate.
Cada estudiante podrá seguir de manera independiente las clases de los módulos según su disponibilidad. Cada lunes se abrirá un nuevo módulo, siendo el domingo la fecha tope de realización del ejercicio de dicha parte.
El curso además cuenta con la realización de un webinar en directo a través de la plataforma virtual de La Casa Encendida, el 22 de abril de 16:30 a 17:30 horas, facilitado por un/a especialista sobre uno de los temas tratados (este encuentro se subirá posteriormente a la plataforma del curso).
Para aprobar el curso y acceder al certificado se ha de superar el ejercicio de cada módulo y participar en al menos dos de los debates propuestos, además de haber visto en directo o posteriormente el webinar.
- Impartido por: Francisco Rey Marcos, Alicia Daza Pérez y Laura Mula Gallego.
- Dirigido a: profesionales del campo de la cooperación al desarrollo y de la acción humanitaria, así como a estudiantes que se quieran especializar en este ámbito.
- Duración: 20 horas.
Materiales necesarios: ordenador y conexión internet.
La emisión del webinar se hará a través de la plataforma online Zoom. Una vez formalizada tu inscripción y pago, recibirás un email antes del inicio del taller indicando las instrucciones y el enlace al que debes acceder para realizar las sesiones.
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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para Blog Elcano.
Tras una década de sufrimiento y reiterados fracasos en el intento por poner fin al conflicto, nada permitía el más mínimo optimismo. Sin embargo, el pasado día 5 de febrero, los representantes de las principales facciones enfrentadas en el conflicto de Libia lograron elegir un nuevo gobierno interino. Aunque, como es obvio, eso no resuelve por sí mismo el problema, supone al menos un mínimo soplo de aire en una situación emponzoñada desde 2011.
A ese punto se ha llegado cuando los hechos sobre el terreno han demostrado que no hay solución militar a la vista, sobre todo al rebelde Khalifa Haftar –que no ha tenido más remedio que aceptar el fracaso de su soñada ofensiva final sobre Trípoli. Eso no quiere decir que no siga habiendo violencia en las calles y enfrentamientos constantes entre las decenas de actores combatientes aún activos; pero parece claro que, a partir de la implicación directa de Turquía a favor del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), nadie está hoy en condiciones de imponerse por la fuerza a sus contrarios. Por eso, con el frente congelado a lo largo de la línea Sirte-Jufra, ha vuelto a cobrar fuerza la opción diplomática, reforzada a partir del acuerdo logrado el pasado 23 de octubre en Túnez, cuando se estableció el cese de hostilidades y la exigencia de que salieran del país todas las fuerzas extranjeras (mercenarios incluidos) en un plazo de tres meses. A eso se añadía la fijación de un calendario para desarrollar un proceso político en el marco del Foro de Diálogo Político Libio, que debe desembocar en la celebración de elecciones generales en diciembre de 2021, y en la aprobación de una nueva Constitución, para cuyo referéndum todavía no se ha fijado la fecha.
Es bien sabido que ninguna de las dos primeras condiciones se ha cumplido. Pero, afortunadamente, eso no ha impedido que, con el notable protagonismo de Stephanie Williams –representante Especial interina del Secretario General de la ONU para Libia– el proceso de diálogo político se haya intensificado desde entonces. Y como resultado de ello –a la espera de que eso signifique la disolución inmediata y definitiva del GAN, liderado por Fayed al Serraj y de la Cámara de Representantes, encabezada por Aguila Saleh– fue posible el pasado viernes elegir a los miembros de un nuevo Consejo Presidencial liderado ahora por Mohamed Yunis Menfi (en representación de la Cirenaica), junto a Mosa Koni (en representación de Fezán) y Abdullah Husein Rafi (en representación de la Tripolitania) y un nuevo primer ministro, Abdul Hamid Mohamed Dbeibah.
La tarea de este último es especialmente exigente. En primer lugar, debe ser capaz de conformar un gabinete ministerial en las próximas tres semanas, y lograr la subsiguiente aprobación parlamentaria en otro periodo similar, labor nada sencilla cuando se tiene en cuenta el alto nivel de tribalismo y fracturación interna existente, así como las resistencias que puedan ejercer los que ahora se van a ver privados de un poder que han disfrutado en estos últimos años. A eso se suma la dificultad para implementar un verdadero cese de hostilidades en todos los rincones del país, sin garantía alguna de que los medios de seguridad y militares a su disposición logren imponerse a tantas facciones armadas activas por doquier. Igualmente tendrá que lograr consensuar un nuevo texto constitucional y organizar un proceso electoral creíble, a tiempo para llegar a la fecha ya señalada, y dar contenido a un proceso de reconciliación que permita cerrar tantas heridas y agravios acumulados. Todo ello, sin olvidar la urgencia y la dificultad para revertir la penosa situación económica que arrastra Libia a pesar de su considerable riqueza en hidrocarburos; para reunificar estructuras nacionales tan vitales como la Compañía Nacional de Petróleo o el Banco Central; y para convencer a la población de que la paz se traduce de inmediato en mejores condiciones de vida.
Rápidamente se han multiplicado las felicitaciones a los nuevos designados, tanto desde el exterior (incluyendo la ONU, Francia, Italia, Turquía y Rusia) como desde la propia Libia. Pero los problemas no hacen más que ensombrecer el panorama desde el principio. Cierto es que su victoria –con 39 votos favorables, frente a 34 en contra y una abstención– ha sido incontestable, pero lejos de la unanimidad. También lo es que los elegidos incluso han recibido los parabienes tanto del dimisionario Serraj como, más importante aún, de los que creyeron hasta la última vuelta que ya tenían en sus manos ambos puestos: el ya citado Saleh y Fathi Bashagha (hasta ahora ministro de interior del GAN). Pero lo que queda por saber, y ese es el factor que más puede perturbar el camino hasta diciembre, es la reacción de Haftar, que sigue contando con el apoyo de numerosos jefes tribales y con las armas y los mercenarios que le suministran Rusia, Egipto y Emiratos Árabes Unidos (EAU). Por el momento, a la espera de más detalles, todo apunta a su rechazo frontal de la decisión adoptada en Ginebra.
IMAGEN: Plenario del Foro de Diálogo Político Libio (LPDF, por sus siglas en inglés) reunido en Ginebra (Suiza) (2/2/2021). Foto: Libyan Political Dialogue Forum-UNSMIL
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- Escrito por Adrian Ciancio
La ONU ha vuelto a posponer el debate sobre un tratado para proteger a las personas afectadas por desastres. Una decisión reprochable, sobre todo en el contexto actual. La pandemia ha dejado claro que una comunidad internacional coordinada es clave para hacer frente a este tipo amenazas; y que no podemos depender de las medidas que cada país decida adoptar. Un marco regulatorio que establezca reglas de juego claras para la cooperación internacional resulta esencial.
Sería falso decir que no existe legislación sobre desastres. En las últimas décadas, los países y actores humanitarios desarrollaron una multitud de directrices, leyes y acuerdos bilaterales o regionales en materia de desastres y crisis humanitarias. Una proliferación espontánea de instrumentos que nos ha llevado a un marco regulatorio confuso, solapado, difícil de implementar y con vacíos importantes en varios aspectos fundamentales. Por este motivo, la Comisión de Derecho Internacional (CDI), un órgano de la ONU que había mostrado poca “efectividad” en sus últimos proyectos, fue convocada para estudiar el tema en el 2007. El objetivo era clarificar los derechos de las personas afectadas por desastres y obligaciones de los países en materia de cooperación y protección.
Le tomó diez años a la CDI formular y acordar un primer borrador. En el 2016, se aprobó un texto con artículos (ya en formato de tratado) detallando derechos, deberes y responsabilidades en materia de desastre y pidió a la Asamblea General que lo considere como base para un tratado. La Asamblea General “tomó nota” en el 2018 y decidió incluir el tema para debate recién en el 2020. Cuando finalmente se trató el tema en noviembre del 2020, los países volvieron a posponer su debate; mostrando - una vez más - su reticencia a llamar a una conferencia internacional para llegar al tratado.
¿Podría un tratado de desastres aplicarse a la pandemia?
Para ello, lo primero a determinar es si la pandemia constituye un desastre. En el texto de la CDI, que incluye artículos y comentarios (ambos con valor jurídico), no se define el concepto de desastre en cuanto a sus causas sino desde sus efectos sobre la sociedad. Desde esa perspectiva, los efectos de la pandemia constituyen sin lugar a dudas un “desastre”, de acuerdo a la definición de la CDI.
Artículo 3
a) por “desastre” se entiende un acontecimiento o una serie de acontecimientos calamitosos que ocasionan pérdidas masivas de vidas humanas, grandes sufrimientos y aflicción a seres humanos, desplazamientos en masa, o daños materiales o ambientales de gran magnitud, perturbando así gravemente el funcionamiento de la sociedad; [...].”
Entendiendo entonces que sería aplicable, podemos observar algunos aportes interesantes que los artículos proponen: visibilizar el derecho a recibir asistencia, el deber de los países de cooperar entre sí y con los organismos internacionales ( art. 7) y la transparencia que solicitan en cuanto a los pedidos y ofertas de ayuda (crucial en cuanto a la distribución de materiales y vacunas, por ejemplo).
Un aspecto a destacar es lo dispuesto en el art. 9 sobre la obligación de divulgar información que permita reducir el riesgo de desastres. En el caso de la pandemia, este ha sido un punto de gran tensión entre los países y donde seguramente reside una de las claves para la expansión de la pandemia.
Art 9 párrafo. 2 - Las medidas para reducir el riesgo de desastres incluyen la realización de evaluaciones de riesgo, la recopilación y difusión de información sobre riesgos y sobre pérdidas anteriores, y la instalación y operación de sistemas de alerta temprana.
Sin embargo, el texto no aporta detalles sobre cómo se debe hacer efectivo este requisito (una de las críticas a la CDI para varios de sus artículos). La reducción de riesgos es un elemento fundamental de este proyecto como en otros procesos actuales de formación de normativas en ámbitos como Marco de Sendai, Cambio Climático o los ODS. Aquí puede verse un análisis más completo sobre la reducción de riesgos relacionada al COVID-19: http://www.qil-qdi.org/disaster-risk-reduction-in-light-of-the-covid-19-crisis-policy-and-legal-considerations/
Más allá de las buenas intenciones; los principios relevantes; y la formulación acertada en varios artículos - a pesar de algunos problemas de definición/ámbito y desconocimiento del sistema de respuesta internacional- ; el proyecto de la CDI fracasa en detallar los modos de implementar muchas de sus disposiciones. Una serie de artículos sin estipulaciones precisas de plazos, formatos, procesos, hace que todo el conjunto de artículos pierda relevancia debido a la velocidad y lo caótico de los desastres en sus primeras fases. Podemos ver aquí un análisis interesante sobre el tema: https://www.asil.org/insights/volume/24/issue/6/covid-19-just-disastrous-or-disaster-itself-applying-ilc-articles
El futuro del tratado sobre desastres
La pandemia es un buen escenario de prueba que podría servir para ajustar el texto a la realidad o descartar el proyecto en su totalidad. En materia de desastres, nuevos proyectos jurídicos que no tengan una resolución o aplicabilidad clara, solo terminan por nublar aún más el panorama en detrimento de las víctimas.
Si bien en este caso la CDI avanzó más de lo previsto inicialmente - tal vez gracias al compromiso del Relator Especial - la vigencia de la CDI será también afectada por resultado de este proceso. Los minuciosa burocracia de la ONU, los tecnicismos del derecho internacional y los matices científicos, convierten a este proceso de difícil acceso para el público, y una comunicación más efectiva para traducir el proyecto al público no especializado podría haber aportado mayor “momentum”. Aunque después de tantos años, parece difícil poder recuperar el terreno perdido en este sentido.
Algunas voces piden un tratado específico sobre pandemias. El presidente de la Unión Europea presentó en diciembre un proyecto en la ONU a tales efectos. Es indudable que un proyecto específico podría ofrecer soluciones técnicas y prácticas en este tipo de casos. Sin embargo, es tal la incertidumbre sobre los riesgos que la humanidad deberá sobrepasar en las próximas décadas, que poner en marcha una maquinaria política para lograr un tratado internacional que solo sea aplicable a un tipo específico de desastre, parece poco estratégico.
Por otro lado, tal vez la pandemia constituya el llamado de atención que los países necesitan para acelerar y profundizar su involucramiento en estos procesos multilaterales, incluyendo el del cambio climático y reducción de desastres. Los resultados electorales favorables a Biden en Estados Unidos; China anticipando algunos logros en materia de protección del medio ambiente y pronosticando resultados positivos para el 2050; y una Unión Europea que sigue avanzando sobre el tema, puede constituir un punto de partida interesante para avanzar sobre esta agenda. Lo importante es no perder de vista que son los afectados/as por estas situaciones quienes deben estar al centro de todas las iniciativas y los procesos políticos deben organizarse siempre en base a la protección.
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- Escrito por IECAH
Del 1 al 21 de marzo de 2021
Precio: 150 euros*
Duración: 36 horas
Destinado a todas las personas interesadas en entender las principales claves de la acción humanitaria ya sean profesionales de la cooperación, estudiantes o cualquier persona interesada en este ámbito de las relaciones internacionales y la cooperación internacional.
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- Escrito por IECAH
Del 22 de marzo al 21 de junio de 2021
Precio: 390 euros*
Duración: 90 horas
Destinado a todas las personas interesadas en entender las claves de la gestión de la calidad de la acción humanitaria ya sean profesionales de la cooperación, estudiantes o cualquier persona interesada en este ámbito de las relaciones internacionales y la cooperación internacional.
