FOTO: Jaime Pérez. Publicada en el periódico El Colombiano 23/03/13

“Para decir tierra dicen madre. Para decir madre dicen ternura. Para decir ternura dicen entrega. Tienen tal confusión de sentimientos?que con toda razón las buenas personas que somos, les llamamos salvajes.”

Gustavo Pereira (poeta venezolano)

Diversas formas socioeconómicas, políticas y culturales hacen de América Latina un espacio diverso, cambiante y cargado de contrastes, donde convive la extrema pobreza con la extrema riqueza. Lugares desiguales, donde se expresa la exclusión, la pobreza, la violencia o la marginalidad de formas virulentas. Pero, junto a esta realidad, también se dan propuestas en una sociedad que proporciona estrategias en busca de una respuesta a estas cuestiones.

Este artículo pretende reflexionar sobre cómo se están enfrentado a estas cuestiones los pueblos indígenas de América Latina, y cómo la acción humanitaria debe reflexionar sobre su papel y cuestionarse cual está siendo su posicionamiento ante estos retos.

Empecemos la reflexión desde el principio y recordemos que hace más de quinientos años que América se vio envuelta en un proceso que escindió territorios y antagonizó poblaciones. Un proceso sin cicatrizar, que se asienta sobre sistemas de pensamiento de dominación y subordinación hacia los pueblos indígenas, a partir de las experiencias coloniales y la construcción de los estados nacionales.

Desde entonces, y especialmente en las últimas décadas, los pueblos indígenas han venido ganando cierto terreno social y cambiando el panorama político a un ritmo rápido, lo que les ha permitido ser reconocidos como sujetos políticos y actores claves para su desarrollo, y estar más presentes en los debates internacionales. Este proceso ha implicado e implica todavía hoy una reflexión profunda en la agenda de las organizaciones de desarrollo y acción humanitaria, sobre la concepción misma que cada institución tiene de los pueblos indígenas. Un escollo complejo y pantanoso al que enfrentarse que, sin embargo, nos permitirá conocer desde dónde se sitúan las organizaciones a la hora de trabajar con los pueblos indígenas y, por lo tanto, sí están reconociendo o no a los indígenas como sujetos políticos y no sólo como grupos vulnerables a los que asistir.

Al no existir en el ámbito de la cooperación ni en el de acción humanitaria una definición universalmente aceptada sobre quiénes son los pueblos indígenas, nos encontramos con múltiples posicionamientos y definiciones sobre estas comunidades. E incluso, si realizamos un abordaje más histórico encontramos denominaciones impuestas por grupos ajenos a las comunidades indígenas, marcadas de caracteres peyorativos, etnocéntricos e incluso racistas que, sin duda, no han sido extraídas del léxico de los pueblos indígenas sino introducidas del vocabulario utilizado por los conquistadores/colonizadores y sus descendientes, para diferenciarse de los primeros estableciendo una relación de superioridad e inferioridad con respecto a los habitantes originarios de los nuevos territorios que se iban agregando a las coronas europeas. Por ello, este proceso de establecer una definición de quien es indígena o no puede llegar a ser ofensivo para aquellos que ya han sido clasificados y definidos una y otra vez por foráneos.

Las dificultades de definición surgen por muy diversos factores; por ejemplo, por cuestiones políticas. Así, si los Estados no asumen que en sus fronteras conviven grupos indígenas no se ven obligados a reconocerles como titulares de un conjunto de derechos que internacionalmente o nacionalmente se les ha reconocido. O debido a que el término indígena es un concepto demasiado globalizador. Es decir, se pretende aglutinar a más de 5.000 pueblos diferentes con una población estimada según el Foro para las Cuestiones Indígenas superior a los 370 millones de personas repartidas en más de 70 países de los 5 continentes.

Pero en lo que sí parece haber consenso, es que en los más diversos contextos geográficos de América Latina existen múltiples factores que configuran un patrón que vincula de manera compleja, pero directa, a la mayor parte de los pueblos indígenas con la pobreza . Y esto es porque las comunidades indígenas no tienen las mismas oportunidades de acceso que otros grupos sociales, a empleo, educación, sanidad, justicia u otros servicios públicos. Este patrón se observa tanto en países del Norte como del Sur, e incluso en aquellos donde los pueblos indígenas son la mayoría de la población nacional. Este es el caso de Bolivia, donde hay un presidente indígena, pero entre dos tercios y tres cuartas partes de la población indígena es pobre y tiene mayores probabilidades de serlo que la población no indígena.

Dicho patrón es importante considerarlo desde su realidad social históricamente construida por factores que configuraron experiencias de privación material, jurídica y simbólica, en un contexto de reproducción de relaciones de desventaja. Y es desde este planteamiento desde el que la acción humanitaria debe reflexionar sobre qué intervención quiere generar.

La mayoría de estudiosos apuntan a que este patrón tiene sus causas en las condiciones políticas e históricas que despojaron a los pueblos indígenas de sus territorios, los sometieron a condiciones de pobreza y los excluyeron o apartaron a los márgenes de la sociedad. Ante esto, los pueblos indígenas comenzaron a revindicar derechos colectivos como la autodeterminación, la autonomía... y especialmente aquellos relacionados con el territorio como eje de sus reivindicaciones. Así, la territorialidad se fue transformando en un aspecto fundamental para los movimientos indígenas, y en el eje del debate contemporáneo acerca de la libre determinación de estos pueblos , que reivindican los lazos con el territorio a lo largo del tiempo, un rasgo que se encuentra en los más diversos pueblos indígenas de toda América Latina.

Ante esto, la influencia política de los pueblos indígenas ha ido creciendo en número de partidos, representantes electos y una legislación creciente de reconocimiento de derechos. Sin embargo, los pueblos indígenas siguen estando subrepresentados en los cuerpos encargados de formular las políticas y tomar decisiones y, por lo tanto, también en los organismos e instituciones que negocian, acuerdan o dialogan con los países donantes los programas de acción humanitaria. En otros casos, los mecanismos previstos en las legislaciones de muchos países, como la consulta previa a los grupos indígenas, son incumplidos o se siguen sólo de manera formal.

Y es, en este contexto, donde debemos situar la acción humanitaria, siendo muy conscientes de la situación histórica y política por la que transcurren y han transcurrido los pueblos indígenas, y del entramado de relaciones sociales que configuran las relaciones de desventaja condicionadas por la pobreza, para que la acción humanitaria no se convierta en otra herramienta de los estados que impida el desarrollo de los derechos colectivos de estos pueblos y evite caer en un plano más asistencial y sobre todo individualista, lejano a las reivindicaciones colectivas de estas comunidades. Puesto que, lo que podría haber sido una relación satisfactoria para ambas partes, no siempre se ha resuelto de forma beneficiosa para los indígenas, que a lo largo de los años han visto como la acción humanitaria desembarcaba en sus comunidades a través de múltiples actores pero que no les permitían tomar decisiones sobre la misma para contribuir y continuar con sus procesos de ejercicio de derechos.

Otro aspecto clave que se debería tener en cuenta por los actores de la acción humanitaria es la invisibilización del indígena en las Américas, con un marcado carácter oficial que se refleja en las estadísticas gubernamentales y en la insensibilización generalizada de la población. Ejemplos de esta negación se pueden encontrar en los más diversos países de América Latina; por ejemplo, en Argentina. La gran propiedad terrateniente en la pampa húmeda se constituyó aniquilando a los pueblos aborígenes existentes: el operativo recibió el nombre de "conquista del desierto" bajo el supuesto de que nadie habitaba allí, de que aquello era un desierto que estaba esperando ansiosamente la llegada de los "civilizadores". O en Chile, el despojo y la brutal agresión sobre los mapuches... y similares procesos se produjeron en Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala, con diferentes grados de crueldad pero, sin duda, tomando las dimensiones de crimines contra la humanidad.

Y es esta realidad la que pone a prueba la capacidad del sistema internacional para atenderla. Un sistema que, a pesar de que en las últimas décadas ha realizado avances en la protección de los derechos de los indígenas, tiene un discurso institucional que a menudo crea límites para proteger la diversidad cultural. Un ejemplo de ello es la cuestión de la autodeterminación de estos pueblos, reconocida a nivel legislativo internacionalmente pero no aceptada en los discursos de todos los actores, una cuestión que va más lejos de sus implicaciones a nivel político o constitucional y que emerge como la centralidad para el desafío socioeconómico de la reducción de la pobreza de los pueblos indígenas. Un escenario de alarmante crisis humanitaria.

El sistema de acción humanitaria parece que a veces no es consciente de esta diversidad cultural. Los pueblos indígenas son sujetos culturalmente distintos, con sus formas de hacer y construir el mundo, sujetos a una relación basada en su propia historia de vida, una historia generalmente contextualizada en zonas ambientales, no basada en relaciones de producción, y aquí reside la diferencia principal con los campesinos. Por ello hay que tener cuidado con los programas de intervención que quieren convertir a estas comunidades étnicas en jornaleros de agroindustrias bajo el discurso de romper el círculo de la pobreza. La acción humanitaria, así como la cooperación o cualquier política pública debe contemplar en su intervención misma la propia diversidad cultural. Afortunadamente, en los últimos años se han producido avances en lo que se llama el "enfoque diferencial" que parte del reconocimiento de esa diversidad, evitando la homogenización de la ayuda.

Aportando una mirada concreta a cómo el posicionamiento de los actores internacionales en un contexto de crisis humanitaria puede no responder a las demandas de los pueblos indígenas, está el caso de Colombia. Aproximadamente, según datos de la ONIC (Organización Nacional de Indígenas de Colombia), existen 102 pueblos indígenas en Colombia, 65 de ellos corren peligro de desaparecer . La población indígena total se calcula en 1.378.884 personas (DANE, Censo General 2005), de ellas 933.800 se asientan en los 710 resguardos existentes en el territorio colombiano. Aproximadamente 70.000 de los desplazados internos registrados en Colombia son indígenas. La ONIC calcula que las cifras podrían ser mayores teniendo en cuenta que muchos indígenas no tienen acceso al registro, debido a la lejanía de sus tierras o porque no hablan español o no conocen el sistema nacional de registro.

En este escenario, la situación de los pueblos indígenas es preocupante debido a múltiples factores. Por un lado, la presencia de la economía extractiva (aspecto extrapolable a muchos otros países de América Latina) que provoca con sus acciones una expropiación a menudo violenta de las tierras de estas comunidades, ya que el lugar donde habitan estos pueblos tiende a ser muy rico en materias primas. Por algo la UNESCO los denominó "los garantes de la diversidad". Por otro, porque junto con la expropiación se ha justificado la entrada de los ejércitos privados en pro de la economía del desarrollo. O, por otro lado, por el escenario de guerra en sí, cuyo pretexto ha sido utilizado a menudo para desalojar a los pueblos indígenas de sus territorios. Los indígenas sufren la ocupación de sus lugares sagrados, confinamientos, controles sobre la movilidad de personas y bienes, controles de comportamiento, prostitución forzada, violencia, acoso y abuso sexual, minas antipersona y reclutamiento forzado de menores y jóvenes.

Y todo esto, en un país que ha visto enriquecida su economía, que se alardea de considerarse desde 1991 como un país que reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de su sociedad, y que ha visto como la comunidad internacional lo ha acogido con los brazos abiertos, al observar esa gran apertura en el discurso de los dirigentes que contrasta con la discriminación y el despojo al que se enfrentan en el día a día los indígenas colombianos, incluido como advierte Libia Grueso la aniquilación brutal de los movimientos sociales y de los líderes de estos movimientos étnicos.

Y es, en este escenario, dónde la acción humanitaria debe reflexionar sobre su papel, porque puede convertirse en un juguete político, al contribuir, como expone Libia Grueso, con sus intervenciones a transformar a los indígenas en sujetos de mendicidad. Por ejemplo, los programas sociales de bonos del gobierno favorecen que los indígenas dejen de ser integrantes de un pueblo para ser desplazados mendigos del programa, ni siquiera del sistema de bienestar estatal. O incluso a ignorar las demandas del movimiento indígena cuando pidieron a la acción humanitaria ser ayudados en los territorios donde residen y resisten, y no sólo en los territorios a los que se ven obligados a desplazarse. La demanda del movimiento fue tratar de permanecer en sus territorios para poder retomarlos, asegurar sus nichos de vida en medio del conflicto.

Y no podríamos hablar de Colombia, sin hacer una pequeña reflexión sobre el proceso de diálogo actual, que en aras de la reconciliación puede contribuir a la impunidad de las masacres vividas. Habrá que reflexionar sobre qué tipo de acción humanitaria se realiza en un posible escenario posbélico, sí es que se puede realizar, porque como señalan algunas ONG parece ser que la acción humanitaria a los desplazados no es una prioridad en las negociaciones.

Vivimos por lo tanto, en un momento en que el impacto de la irrupción de los pueblos indígenas y la reafirmación de sus identidades, culturas y lenguas sobre las políticas no puede pasar desapercibida para la comunidad internacional. Puesto que quien fuera tradicionalmente ese actor que se movía entre bambalinas , apenas visible, se ha convertido en esta época de florecimiento de nuevas subjetividades en uno de los más importantes protagonistas de la escena política y social contemporánea. Demandando a la comunidad internacional que la inequidad, como advierte Daniel Mato, deriva de la herencia colonial y parte del sentido común de los imaginarios sociales que prevalecen, teniendo presente que la locomotora del desarrollo puede traer consecuencias muy graves para estos pueblos.

Así hasta que los indicadores de nutrición, salud, justicia... no sean los mismos que el promedio del resto de grupos sociales de cada país no se reflejará un compromiso real con el respeto a los pueblos indígenas. Es esta brecha existente entre indicadores de calidad de vida entre indígenas y no indígenas la que nos advierte de un acceso muy desigual a los recursos e incluso podríamos estar hablando de una crisis invisible a nivel continental.

Por lo tanto y para concluir, la maquinaria de la acción humanitaria es uno de los engranajes que con su trabajo puede debilitar o asegurar a los pueblos indígenas el uso del derecho a la salud, a unos alimentos adecuados, a la justicia... apoyando sus procesos de autodeterminación, sin perder de vista las normas internacionales sobre derechos humanos que advierten de la responsabilidad moral y legal de garantizar estos derechos.

Los actores humanitarios deberán ser más cuidadosos con sus acciones y ser conscientes de la diversidad de saberes, culturas, maneras de ver, entender y comprender el mundo y recordar que en sus acciones existe una extrapolación de conceptos de la historia local europea a todo el mundo. Debemos apostar, por tanto, por una acción humanitaria y una cooperación para el desarrollo con un enfoque diferencial étnico en cada contexto, evitando ser juguetes políticos en pro de un único modelo de desarrollo que no siempre beneficia a todas las comunidades por igual.

La reflexión por tanto está, en sí los actores humanitarios deben permanecer en un sistema más asistencial y pasivo, preservando un modelo de ayuda ineficiente que perpetúa la dependencia de la ayuda para así justificar su existencia, y que no permite continuar hacia un desarrollo sostenible, o desear que la acción humanitaria incorpore las lecciones aprendidas y continúe con ese proceso de reformulación hacía un nuevo tipo de acción que logre un cambio real de actitud en la concepción de lo humanitario y los pueblos indígenas.

 


 

1.- Cimadamore, Eversole y McNeish Pueblos indígenas y pobreza. Enfoques multidisciplinarios. Buenos Aires. CLACSO 2006.

2.- PsachaRopoulos y Patrinos 1994 Psacharopoulos y Patrinos (compiladores) Indigenous People and Poverty in Latin America: An Empirical Analysis. Washington. Banco Mundial 1994.

3.- Para profundizar Lam 2000; Toledo Llancaqueo 2005.

4.- http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-411328-65-pueblos-indigenas-corren-peligro-de-desaparecer-onic

5.- Datos obtenidos de la web del ACNUR fecha de consulta 22 de marzo de 2013 http://www.acnur.org/t3/pueblos-indigenas/pueblos-indigenas-en-colombia/

6.-Ídem.

7.- Libia Grueso Castelblanco. Politóloga, cofundadora del Proceso de Comunidades Negras de Colombia. Actualmente es consultora para la ONU sobre consulta previa de minorías étnicas.

8.-Cimadamore, Eversole y McNeish Ob. cit.

9.- Daniel Mato. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador principal de CONICET y coordinador del Proyecto Diversidad Cultural Interculturalidad de la UNESCO.