Actualidad

 

 

Para El País.

 
 

Aunque otra vez ausente de los titulares, el contencioso greco-turco debería ser una prioridad en la agenda de la Unión Europea. Basta recordar que enfrenta a un país miembro, con el añadido de Chipre y ahora de Francia, con otro que es candidato a la adhesión y aliado en la OTAN. Y, más allá de la tensión bilateral, su existencia vuelve a poner en cuestión a la Alianza Atlántica y muestra nuevamente la dificultad de la Unión para actuar unida. En esencia, resulta útil considerar que:

—Aunque es un asunto central, la controversia no se limita a un forcejeo por la explotación de hidrocarburos en aguas disputadas del Levante (todos los descubrimientos confirmados desde 2009 están en aguas no disputadas), sino que, como ya se ha demostrado antes (especialmente en 1987 y 1996), arranca con el desequilibrado reparto de zonas de soberanía tras la guerra greco-turca de 1919-22. Turquía, a pesar de contar con más costas que cualquiera de sus vecinos, no tiene asegurada la continuidad de su soberanía marítima y aérea (Kastelorizo, a tan solo dos kilómetros de su costa es el ejemplo más notable, pero no único).

—Se equivoca Mitsotakis si cree que le basta con parapetarse tras una Francia que apenas disimula su afán de protagonismo (y de interés por devolver la bofetada que Erdogan le ha propinado en Libia) y una UE que nunca se ha distinguido por sus aciertos en la zona (baste recordar el fiasco de su apuesta al admitir a Chipre en 2004 como vía para resolver la división de la isla). Y se equivoca también Erdogan si piensa que su deriva autoritaria y su neotomanismo militarista (ejemplificado en su lema Mavi Vatan, Patria Azul) le permitirán salir airoso de un pulso en el que se encuentra solo.

—El enfrentamiento militar directo es hoy la opción más improbable, aunque solo sea porque la situación económica turca y su sobreextensión en tantos escenarios bélicos le impiden sumar un nuevo frente. Pero en su mutua huida hacia adelante ambos avivan un fuego que puede escapar fácilmente a su control. Tampoco cabe esperar que Merkel, ante la ausencia de Washington, vaya a ser siempre quien logre imponer sensatez a quienes prefieren no dejar salida alguna al vecino (Erdogan firmando una indefendible delimitación marítima con la Libia de Serraj y Mitsotakis haciendo lo propio con el Egipto del golpista Al Sisi).

No hay una solución próxima. Pero si la UE no es capaz de promover una respuesta que dé cancha a Turquía, estableciendo una dinámica de suma positiva en la que todos salgan ganado, nos adentraríamos en un pozo de muy difícil salida. Y el gas (que la UE necesita) puede ser precisamente el factor clave de la ecuación.

 

FOTOGRAFÍA: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, se saludan en un encuentro de la OTAN el pasado diciembre.ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

 

 

 

netanyahu

 

Para ElDiario.es

 

Ya antes de la explosión del pasado día 4 de agosto en el puerto de Beirut el desplome de Líbano parecía inevitable y próximo. Los síntomas de que se había tocado fondo eran apabullantes en un país de apenas 6,8 millones de habitantes que es el primero del mundo en número de refugiados per cápita (20%). Hace mucho que es un sarcasmo recordar que la capital libanesa se conocía en su momento de esplendor como la París de Oriente Medio. Hoy acumula graves déficits estructurales tanto en el terreno socioeconómico como en el político y de seguridad, sometido simultáneamente a un desestabilizador sectarismo interno y al tejemaneje de potencias regionales y globales que tratan de imponer su dictado en sus apenas 10.000 kilómetros cuadrados.
 
Ese pésimo balance explica el hartazgo de una población que crecientemente se ha movilizado, desde el pasado 17 de octubre, bajo el lema de “kelun yani kelun” (“todos son todos”). Tras el inevitable paréntesis provocado por la pandemia del coronavirus, las calles habían vuelto a reclamar abiertamente una limpieza general de la clase política. Los dirigentes han llevado al país, que no tiene grandes recursos naturales ni bases de desarrollo propios mínimamente significativos, a acumular una deuda externa que supera el 170% del PIB, una moneda que ha perdido más del 80% de su valor desde octubre, una inflación que ronda el 60% y un salario mínimo mensual que apenas equivale a 70 euros.
 
A eso se añade la pésima imagen de unos servicios públicos decrépitos, unos bancos que impiden la retirada de depósitos a sus clientes y unas infraestructuras deficientes y escasamente mantenidas (traducido en el escándalo de las basuras o en los muy frecuentes cortes de suministro eléctrico). En marzo, el Gobierno reconoció que por primera vez en su historia no podía atender los compromisos de devolución de la deuda. El Banco Mundial ha estimado que a finales del año pasado un 48% de la población estaba viviendo por debajo del umbral de la pobreza. En este sentido, el propio Gobierno libanés considera que un 75% de la población necesita ayuda para cubrir sus necesidades básicas.
 
En esas circunstancias sería ilusorio pensar que la caída del gabinete encabezado por Hasan Diab, apoyado tanto por los principales grupos chiíes –Hezbolá y el Movimiento Amal– como por el cristiano Movimiento Patriótico Libre, supone un remedio inmediato a los problemas nacionales.
 
Es cierto que el empuje ciudadano ha logrado derribar por segunda vez en nueve meses a un Gobierno anclado en posiciones defensivas, insensible a las demandas de su propia gente e incapaz de romper con un modelo cuyas bases se remontan prácticamente a 1943, cuando Líbano inició su andadura independiente. Un modelo, la muhassasa, que reparte el poder en todos los ámbitos de la vida nacional en función del peso demográfico de cada una de las 18 confesiones religiosas legalmente reconocidas.
 
Aunque ese peso ha ido cambiando con el tiempo, sus principales representantes han procurado mantenerlo en la medida en que les ha servido para sostener sus sistemas clientelares, aunque haya sido a costa de un deterioro imparable de la agenda pública. Asimismo, puede afirmarse que las protestas han sido pacíficas y, más novedoso aún, transversales, rompiendo el sectarismo que define desde hace tanto tiempo al Líbano.
 
Sin embargo, a partir de ahora los obstáculos para abrir una nueva etapa son numerosos y de gran envergadura. No hay, en primer lugar, un líder ni un movimiento organizado ajeno a las redes clientelares de los actores políticos tradicionales que pueda presentar de inmediato un programa alternativo cuando se enfrenta a una corrupción que el mismo Diab en su despedida ha calificado de “más grande que el propio Estado”.
 
Tampoco cabe contar con la colaboración de los que hasta ahora se han aprovechado de sus privilegios para consolidar sus particulares feudos, empezando por Hezbolá, que añade a su red asistencial y a su brazo político una milicia con un poder real que supera al de las fuerzas armadas libanesas. Sirva de ejemplo la primera reacción del presidente, Michel Aoun, apuntando a una mano extranjera en la explosión de las 2.750 toneladas de fertilizante, en un clásico ejercicio de escapismo para no asumir responsabilidad alguna.
 
Por lo que respecta a los actores externos, tampoco cabe hacerse muchas ilusiones. Por un lado, ni parece haber inversores dispuestos a apostar ahora mismo por el futuro de Líbano ni el propio Fondo Monetario Internacional termina de concretar el programa de ayuda que se negocia desde hace meses, estimado en unos 11.000 millones de dólares. Es elemental entender que el FMI no confía en que el próximo Gobierno se atreva a imponer a cambio unas reformas necesariamente impopulares, aunque solo sea por la dificultad de ese futuro gabinete (cuando se celebren unas elecciones todavía sin fecha) para explicar a una deprimida población que será necesario apretarse aún más el cinturón.
 
Tampoco cabe esperar que los 250 millones de dólares comprometidos en la conferencia de donantes celebrada el pasado día 10, auspiciada por una Francia que apenas disimula su pretensión de seguir tutelando el futuro de su antiguo protectorado (con Egipto, Irán y las monarquías del Golfo igualmente implicadas en esa misma pugna), vayan a sacar a los libaneses de muchos apuros.

 

FOTOGRAFÍA: Una pintada con la frase 'mi Gobierno hizo esto' frente a los destrozos causados por la explosión. Marwan Naamani /dpa

Diez años después del arranque de las movilizaciones ciudadanas que afectaron, con mayor o menor intensidad, a buena parte del mundo árabo-musulmán, el panorama actual sigue lastrado por significativas carencias tanto en términos de desarrollo y bienestar como de seguridad.

Mientras se sigue debatiendo sobre si ha habido realmente una “primavera árabe” y sobre el balance de lo acontecido tanto en Magreb como en Oriente Próximo y Oriente Medio, es un hecho que esas regiones aparecen principalmente reflejadas en los medios de comunicación occidentales como el origen de amenazas directas.

Esa percepción se apoya en una realidad incontestable, en la que se entremezcla la insatisfacción de las necesidades básicas para un creciente porcentaje de esas poblaciones, sistemas políticos deslegitimados y situaciones de violencia generalizada que se prologan en el tiempo sin visos de solución a corto plazo. Pero también es el resultado de un cúmulo de tergiversaciones basadas tanto en la ignorancia como en los poderosos estereotipos alimentados por actores interesados en difundir una visión negativa de las sociedades árabes y musulmanas.

Con una clara vocación analítica y multidisciplinar, el curso pretende dar a conocer la realidad social, política, económica y de seguridad de ese complejo mundo árabo-musulmán. Eso implica tanto estudiar su historia como su presente, revisando no solo la experiencia colonial sino también la evolución de las relaciones entre Occidente y esos países. Asimismo, aborda el estudio de los principales conflictos activos en la zona, la naturaleza de sus regímenes políticos, sus principales claves socioculturales y las causas y consecuencias de unos flujos migratorios que dejan a las claras la falta de voluntad europea para hacer frente a una dinámica de la que Occidente es corresponsable directo.

Dirigido a: personas que desarrollan actividades en el marco de las organizaciones no gubernamentales, sean centradas en la cooperación al desarrollo o en la acción humanitaria, y a quienes, desde posiciones académicas, periodísticas o de concienciación ciudadana se interesan por lo que ocurre en el mundo globalizado de hoy.

Duración: 56 h.

Horario: de 17.00 h a 21.00 h, de martes a viernes.

Para acceder al certificado de asistencia y aprovechamiento es necesario acudir al 100% de las clases.

Contenidos

·         Historia política (desde s xvi hasta la actualidad):

o   Caracterización sociológica y política de la región (idiomas, religiones, etnias, organización territorial, reinos e imperios precoloniales).

o   Choque de pensamiento: La modernidad de occidente frente al pensamiento árabo musulmán del s. XIX.

o   Constitución de nacionalismos y naciones (descolonización) Estructuras de poder de las etapas de la independencia.

o   Actores del poder en el mundo árabe contemporáneo.

o   Casos de estudio: Siria; Irak.

·         Relaciones internacionales:

o   Formas de gobierno en la región Formas de gobierno en la región (monarquías, regímenes dictatoriales, estados fallidos, modelo turco, república islámica…).

o   Cooperación y acción humanitaria en el mundo árabo-musulmán.

o   Casos de estudio: Sahara Occidental; Magreb; Península arábiga.

·         Sociocultura:

o   Movimientos sociales.

o   Cobertura periodística de conflicto sirio.

o   La energía como factor estratégico en la región.

o   Casos de estudio: Egipto.

o   Cobertura periodística sobre la región.

o   Feminismo islámico.

o   Islamofobia en occidente y los medios de comunicación.

o   Finanzas islámicas.

Casos de estudio: Islam radical, yihadismo y terrorismo: ¿De qué estamos hablando?; Palestina.

Lugar:  El espacio virtual La Casa On, y se desarrollará a través de la plataforma online Zoom. 

Inscripciones aquí.

 

 

 

Por Francisco Rey Marcos, Alicia Daza Pérez y Juncal Gilsanz Blanco

El siguiente artículo forma parte de la investigación “La incorporación del enfoque basado en derechos humanos y la protección en los proyectos de acción humanitaria apoyados por el Ayuntamiento de Madrid: estado actual y propuestas de futuro” financiado por el Ayuntamiento de Madrid en la convocatoria pública de subvenciones 2019 para la realización de proyectos de investigación en materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo.

Introducción

Desde sus orígenes en el Siglo XIX el humanitarismo ha prestado atención a los derechos de las personas afectadas por conflictos y desastres. La aprobación del Primer Convenio de Ginebra de derecho internacional humanitario (DIH) en 1864, tras la creación del precursor del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el año anterior, pretendía precisamente eso: definir algunos derechos de los militares heridos en los campos de batalla que debían ser respetados por los contendientes. Derechos mínimos, pero derechos al fin, y no olvidemos que en aquella época no existían los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos que no se aprobarían hasta casi un siglo más tarde. Una cierta mirada hacia los derechos ha estado presente siempre en la acción humanitaria.

Sin embargo, en su evolución posterior el quehacer humanitario enfatizó un enfoque de satisfacción de necesidades básicas, en muchos casos ligadas casi exclusivamente con la propia vida, que le fue alejando, de hecho, de aquellas primeras concepciones de derechos. Simplificaciones y slogans del sector humanitario y su mandato como “salvar vidas” “atender necesidades básicas”, entre otros, fueron haciendo olvidar o situaron en segundo lugar las ideas de dignidad que toda vida debe tener, y de protección de derechos para hacerla posible. Hubo muchos casos, vinculados sobre todo con grandes conflictos o desplazamientos masivos de población, donde algunas organizaciones retomaron con fuerza aspectos de protección, pero no nos engañemos, el enfoque de necesidades fue el dominante durante muchas décadas contribuyendo a dar una idea limitada y falsa del compromiso humanitario. Y eso pese a que el marco jurídico e institucional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial había aportado novedades revolucionarias en materia de derechos humanos. Hubo que esperar a finales de los años noventa, a la nueva tipología de conflictos y a ciertas propuestas en el seno de las Naciones Unidas para que se reverdecieran algunas ideas de vinculación de lo humanitario con los derechos. Si esto ha sido posible no es solo debido al esfuerzo por vincular lo humanitario con los derechos humanos, sino por el surgimiento del llamado Enfoque basado en derechos humanos (EBDH).

Las aportaciones del EBDH vienen ya reflejadas en su propia definición. Se trata de un marco teórico, pero también metodológico, que se fundamenta en el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y que utiliza estos instrumentos para hacer valer los propios derechos humanos. Podríamos decir que, en el marco de la ayuda, desde la perspectiva del EBDH, los derechos humanos sirven como fundamento para actuar (el derecho a una asistencia humanitaria), como metodología para ejecutar acciones y como finalidad de la propia ayuda (puesto que cumplir con los derechos humanos es el fin último de cualquier tipo de ayuda).

Además, en el ámbito operativo, el EBDH establece una serie de características que deberían incorporarse a la práctica:

  1. Vinculación con el DIDH (o con cualquier marco instrumental que defina los mecanismos de garantía y protección de los derechos humanos). En casos de conflicto puede ser el DIH.
  2. Identificar a los actores que forman parte del contexto en base a su relación con los derechos que están siendo vulnerados: titulares de derechos, titulares de obligaciones y actores con responsabilidades, asignando tareas concretas a cada titularidad.
  3. Establecer una forma de trabajo horizontal entre las tres titularidades, donde cada una tiene un rol asignado basado en sus obligaciones para con los derechos.

Desde el punto de vista metodológico, esta tercera característica resulta fundamental, en cuanto que, sin desobedecer los principios de igualdad y no discriminación, aborda cada titularidad identificando las capacidades de cada una para, a partir de estas, asignar unas tareas que les permitan participar de igual a igual. 

Trabajando por los derechos desde la protección

Siguiendo estas premisas y viéndolo desde una perspectiva práctica, cuando nos acercamos a la AH desde el EBDH, cobra especial protagonismo el enfoque de protección. Las víctimas no solo necesitan asistencia material sino también protección personal y colectiva. “En los escenarios donde se desarrolla la acción humanitaria, las personas están expuestas a altísimos niveles de riesgo que surgen de las diferentes violaciones y privaciones de derechos. Las distintas formas de sufrimiento e indignidad son, a menudo, el resultado del triple peligro combinado de: violencia personal deliberada, privación y acceso restringido.”[1]

Estas constataciones llevaron a que varias agencias humanitarias comenzaran a profundizar en el tema, lo que llevó al establecimiento de un proceso consultivo entre un amplio grupo, también del ámbito de los derechos humanos, convocadas, periódicamente, por el CICR en Ginebra. Eso llevó a una definición de protección en el ámbito humanitario, ampliamente aceptada hoy en día, y adoptada por el IASC, que agrupa a las agencias de Naciones Unidas, las principales ONG internacionales humanitarias, y el Grupo de Trabajo del Clúster de Protección.

Así, se definió que la protección es: “el conjunto de todas las actividades orientadas a garantizar el respeto a todos los derechos del individuo, de acuerdo con la letra y el espíritu de los conjuntos de normas pertinentes; esto es, los derechos humanos, el DIH y el derecho de los refugiados. Las organizaciones humanitarias y de derechos humanos deben llevar a cabo estas actividades de manera imparcial, sin prejuicio alguno sobre la raza, la religión, el origen nacional o étnico, el lenguaje o el género”.[2]

Sobre la base de esta definición y de los Principios Rectores que deben regir el desplazamiento interno o Principios de Deng, el IASC y el Grupo de Trabajo del Clúster de protección han adoptado una guía para la protección de las personas desplazadas internas[3] en la que distinguen tres dimensiones, que guardan absolutas similitudes con el EBDH. Estas tres dimensiones son: (1) la protección como objetivo, (2) la protección como responsabilidad legal y (3) la protección como actividad.

El manual explica que el objetivo de la protección no es otro que el respeto y la defensa de los derechos humanos, puesto que los diferentes actores, especialmente los Estados, se han comprometido a ello a través de los instrumentos normativos (DIH), existiendo así una responsabilidad legal (segunda dimensión). Para ello, se propone trabajar la protección como una actividad, diferenciando a su vez tres modelos de actividad que encajan perfectamente con la triple obligación de la titularidad de obligaciones para con los derechos humanos: Respetar (no obstaculizando su desarrollo), proteger (estableciendo mecanismos de protección) y promover (facilitando oportunidades).

Los mismos argumentos se usaron para explicar el EBDH en sus inicios, allá por 1998. Los primeros grupos de trabajo interagenciales de las Naciones Unidas recordaron que la plena realización de los derechos humanos era el objetivo último de la Organización, puesto que existía un compromiso, muchas veces en forma de responsabilidad legal a través del DIDH, por el que los Estados se habían comprometido con estos derechos, para lo que se establecía una triple obligación (la mencionada en el párrafo anterior) que permitía un cumplimiento progresivo de estos derechos.

Durante estos talleres se constató que la primera dificultad para cumplir con este enfoque y sus premisas era su puesta en práctica. Por eso se diseñó un modelo metodológico que facilitara, a partir del contenido del DIDH, el cumplimiento de los derechos humanos: la disgregación de cada derecho en los llamados elementos clave o principios operativos, que permitían operacionalizar el derecho en diferentes acciones asignables a las tres titularidades. 

Esta propuesta metodológica fue un hito en sí misma y permitió que el EBDH no se quedara en otra mera declaración de intenciones. Sin embargo, se debe admitir que el devenir del enfoque ha sufrido varios altibajos, modificaciones y adaptaciones en los últimos años. En cualquier caso, también es cierto que los diferentes manuales que han ido surgiendo en relación a la protección en la AH comparten muchas herramientas de la metodología del EBDH, sobre todo aquellas que tienen que ver con la participación bajo la premisa de igualdad y horizontalidad de las tres titularidades para el fortalecimiento de las capacidades de los grupos más vulnerables.

 

Aplicación real del EBDH y la protección en la práctica humanitaria: un análisis en marcha

Precisamente para ver cómo los proyectos humanitarios incorporan en mayor o menor medida enfoques de derechos y/o protección, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid está realizando una investigación tomando como universo de estudio los proyectos financiados por las diversas convocatorias de acción humanitaria del Ayto. de Madrid. El objetivó no es solo académico, sino que pretende elaborar propuestas que mejoren la incorporación de los derechos y la protección a la acción humanitaria madrileña, pudiendo ser estas propuestas extrapolables a otras cooperaciones, principalmente autonómicas y locales.

Hasta la fecha se han cumplido las dos primeras fases del proyecto que han permitido ver el panorama internacional en estas materias, las posiciones de los organismos humanitarios más importantes, las diversas iniciativas que se están poniendo en marcha con carácter global y tener así un diagnóstico de la situación de esta temática. En los próximos meses se analizarán los diversos proyectos financiados por el Ayuntamiento de Madrid y se organizarán diversas actuaciones de debate y reflexión.

Las conclusiones preliminares apuntan en la misma dirección que la hipótesis planteada: si bien existe un interés y conocimiento por adoptar un enfoque de protección en la práctica humanitaria, ninguna organización incorpora en su día a día las propuestas metodológicas disponibles (que cada vez son más y más completas) de una manera absoluta. A partir de aquí, el grado de asunción y compromiso difiere entre las organizaciones ejecutoras de la ayuda. Durante las próximas fases de la investigación se analizará si estos pequeños pasos son casualidad o responden a un interés de las organizaciones por lograr una AH más coherente con las personas y sus derechos humanos.

Alguna consideración final

La actual situación generada por la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto muchas de nuestras carencias como colectividad y también planteado nuevos retos en tanto que actores de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria. Y muchos de estos retos tiene que ver con el ejercicio de los derechos. “Salvar vidas”, “no dejar a nadie atrás”, “atender los grupos más vulnerables” … que eran hasta ahora proclamas humanitarias solamente, se han convertido en parte fundamental del lenguaje cotidiano. ¿Seremos capaces los actores humanitarios de aportar algo a estos debates cada vez más presentes en nuestra sociedad? o ¿el que estos términos se conviertan en vox populi desdibujaran su valor? ¿Seremos capaces los actores humanitarios de afrontar debates necesarios tales como el de la localización teniendo como base la protección de las personas?

Muchas son las incertidumbres que en el ámbito de la acción humanitaria ha puesto de relieve la pandemia de la Covid-19, la protección y los derechos de las personas hacen necesario avanzar sobre ellos de una manera decidida y firme.

 

Madrid, julio 2020



[1] Hugo Slim y Andrew Bonwick, Protección. Una guía ALNAP para las agencias humanitarias, Barcelona, Intermón Oxfam, 2006.

[2] Sylvie Giossi Caverzasio, Strengthening Protection in War: a Search for Professional Standards. ICRC, Geneva, 2001.

[3][3] Global Protection Cluster Working Group, Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons, Ginebra, 2007. Versión en español disponible en el siguiente enlace: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11306.pdf