El contraste es brutal. Por un lado, se suceden las declaraciones de preocupación y condolencia ante cada nueva tragedia humana, y hasta se promete, como acaba de hacer la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la política de asilo e inmigración de la Unión Europea (UE) será “solidaria y con un enfoque humano”. Pero por otro, hace ya tiempo que el Mediterráneo se ha convertido en un gigantesco cementerio y casos como el incendio del campo de refugiados de Moria (Lesbos) muestran que, por el contrario, el enfoque es fundamentalmente insolidario, securitario e inhumano.

Y así viene siendo desde que, en 1999, la UE estableció las bases de una política común de asilo e inmigración centrada en la gestión policial de las fronteras interiores y exteriores y en la cooperación entre los Estados miembros para repartirse la carga, al tiempo que decían comprometerse en sumar esfuerzos para garantizar un trato justo a los extranjeros que pisaran suelo comunitario y en luchar contra las mafias que trafican con los desesperados. Frente a ese legítimo (aunque cuestionable e insuficiente) planteamiento, lo que ha ocurrido en la práctica es que se ha impuesto el cortoplacismo y el más rancio nacionalismo de unos gobiernos nacionales obsesionados, por una parte, por no perder el control de sus fronteras y, por otra, por el temor a que sus adversarios políticos puedan aprovechar electoralmente cualquier medida congruente con los principios que nos definen como democracias plenas.

De ese modo se explica que, en un desesperado y suicida “sálvese quien pueda”, unos y otros hayan optado por reforzar de manera bien visible una política eminentemente securitaria que se limita a gestionar las consecuencias de tantos errores acumulados.

Errores que arrancan con un ejercicio de amnesia autoinducida que lleva a olvidarse de la corresponsabilidad histórica en la creación de situaciones que acaban generando oleadas crecientes de desplazados forzosos.

 

En buena parte, los actuales flujos de población hacia territorio comunitario se explican por una prolongada injerencia occidental en clave geopolítica y geoeconómica que no tiene en cuenta los deseos y necesidades de las poblaciones locales. Y no se trata solo de lo ocurrido en una época colonial formalmente superada, sino de una práctica que se mantiene en nuestros días, lo que incluye una salvaje explotación de recursos ajenos y el apoyo a gobernantes más centrados en la defensa de sus privilegios personales y corporativos que en la atención a sus conciudadanos.

A partir de ahí, lo que completa ese depredador modelo de relaciones es una decidida apuesta por los instrumentos policiales (con Frontex a la cabeza), para frenar por la fuerza a los que pretenden alcanzar lo que equivocadamente perciben como el paraíso europeo. El marco se completa con un nuevo olvido de las normas más básicas del derecho marítimo, del derecho internacional humanitario y de los compromisos adquiridos por cada uno de los Veintisiete al firmar la Convención del Estatuto de Refugiados (1951), que les obligan a asistir y proteger a toda persona que trata de poner a salvo su vida huyendo de una situación de violencia o catástrofe natural.

El último pilar de ese modelo securitario consiste en conseguir la colaboración de los gobiernos de tránsito —a cambio de apoyo político y económico—, para que aborten ya en primera instancia esos movimientos hacia la idealizada Europa y para que acepten la repatriación forzosa a sus propios territorios de quienes hayan logrado llegar a ella, aun cuando es bien sabido que eso supone dejarlos en manos de quienes escasamente van a preocuparse por cubrir sus necesidades básicas y atender sus peticiones.

Si ese marco de actuación ya es criticable por todo lo que supone de dejación de funciones, incumplimiento de compromisos internacionales y colaboración con atrocidades sin fin a manos de mafias y gobiernos, todavía lo es más por la sencilla razón de que no funciona. Y, mientras tanto, como nos recuerda el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a finales de 2019 se había vuelto a batir un récord histórico, con 79,5 millones de personas forzosamente desplazadas de sus lugares y hogares de origen. Personas iguales que nosotros, con vidas, necesidades y sueños muy similares, pero para las que conceptos como vida digna, hogar, derechos, estabilidad, bienestar, seguridad… solo son hoy palabras vacías.

El problema no es que vengan, sino que no vengan

Por eso, aunque solo sea porque ya hemos aprendido que la desesperación y la aspiración a una vida digna no se detienen ante un despliegue policial o un muro, por alto e intimidatorio que parezcan, deberíamos dibujar una senda alternativa que, de acuerdo con nuestros principios y obligaciones, tenga al menos en cuenta la necesidad imperiosa de:

• Llevar a cabo un esfuerzo de pedagogía política que desmonte bulos y presente la realidad en sus justos términos. Eso supone recordar que no son más de 250 millones las personas que residen permanentemente en un país distinto al de su nacimiento; es decir, tan solo el 3,3% de la población mundial. Para desmontar el discurso de la supuesta invasión, que tan eficazmente manejan los populistas, basta con recordar que nueve de cada diez migrantes africanos y ocho de cada diez asiáticos se trasladan a otro país de su mismo continente. Del mismo modo, frente al argumento sobre su excesivo coste para las arcas del Estado, hay datos suficientes que demuestran que ese colectivo inmigrante aporta a los Estados receptores mucho más de lo que reciben en políticas sociales, tanto por sus aportaciones al mercado laboral y las cuentas públicas, vía impuestos, como por el rejuvenecimiento de sociedades tan envejecidas como las de los Veintisiete.

• Explorar otra vía que, desde una perspectiva que solo puede ser multilateral y multidimensional, busque la plena integración social, política y económica de quienes ya están entre nosotros, al tiempo que se combate la xenofobia con una pedagogía que los poderes públicos, los sistemas educativos y los medios de comunicación deben liderar; y se llena de contenido el concepto de igualdad de oportunidades. Igualmente implica emplear parte de los ingentes medios de los que disponemos para paliar sus penurias desde el origen hasta el destino, restableciendo la posibilidad de que puedan presentar sus solicitudes de asilo y refugio en los consulados y embajadas de cualquier país de la Unión en sus propios países de origen, sin tener que arriesgar sus vidas y ponerlas en manos de mafias asesinas para hacerlo físicamente en el país de destino.

• Entender, por último, que el problema no es que vengan, sino que no vengan. Dada nuestra situación y perspectivas demográficas, resumidas en bajo crecimiento vegetativo y creciente envejecimiento, es obvio reconocer que necesitamos que vengan, sin que eso signifique que por sí solos vayan a resolver nuestro problema. A partir de ahí, y para evitar el inevitable impacto que los flujos de población descontrolados siempre provocan, se trata de analizar cómo podemos contribuir a crear unas condiciones de vida digna para esas personas en sus lugares de residencia. Y de inmediato podemos concluir que no basta con el tan mítico como incumplido compromiso de dedicar el 0,7% del PIB nacional de los países desarrollados a los menos favorecidos. Es cada vez más necesario repensar el actual modelo de comercio, aspirando a que sea realmente justo, así como la discriminatoria arquitectura financiera internacional de nuestros días, el tratamiento de la deuda externa acumulada impropiamente por muchos de esos países (o, mejor dicho, gobernantes) o la escasa transferencia de tecnología que está potenciando, entre otras cosas, una seria brecha que condena a regiones enteras.

Y de ese modo, aunque solo sea por egoísmo inteligente, se puede construir un proyecto muy distinto al actual. Un proyecto que entienda que hoy es imposible crear una fortaleza impenetrable dentro de la que esconderse y desentenderse de lo que ocurre fuera de ella. Por lo tanto, por nuestro propio desarrollo y seguridad debemos implicarnos directamente en el desarrollo y la seguridad de quienes nos rodean. De momento, lo que acaba de presentar la Comisión Europea (este 23 de septiembre), con el rimbombante nombre de Nuevo Pacto de Migración y Asilo, parece haber entendido la música (abolir el convenio de Dublín; establecer un mecanismo de solidaridad…). Queda por ver si los Estados miembros, que son los que tienen el grueso de responsabilidad y de competencias reales en este terreno, están dispuestos a aplicarlo.