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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para ElDiario.es
Si no fuera por la tragedia que conlleva, la decisión del Parlamento turco de aprobar el despliegue de tropas en Libia podría verse, en clave cómica marxiana, como el culmen de la entrada de actores en el atestado camarote en el que se encuentran los más de seis millones de libios atrapados en el conflicto desde 2011.
Además, nada apunta a que esa medida, que establece un mandato de un año para añadir tropas sobre el terreno a los drones, armas y asesores que Ankara ha aportado al conflicto desde el pasado verano, vaya a servir para poner fin a la violencia.
Tras la ofensiva iniciada el pasado abril por Khalifa Haftar –con el refuerzo añadido desde diciembre de los mercenarios enviados por Moscú–, la situación de Fayez al Serraj, líder del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) reconocido por la ONU, comienza a ser desesperada.
Sin verdaderos apoyos políticos y económicos –a pesar de contar con el reconocimiento internacional y el más concreto, pero limitado, de Catar e Italia– y sin una capacidad militar suficiente para contrarrestar el empuje de Haftar, al que apoyan sobre el terreno tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Rusia y hasta Francia, Serraj se ha acercado cada vez más a Recep Tayyip Erdogan.
Ambos líderes firmaron el 27 de noviembre un acuerdo de cooperación en materia de defensa. Si Serraj busca básicamente evitar su derrota frente a un Haftar que pretende eliminar toda huella del islam político en Libia y acaparar el poder al estilo del golpista egipcio Abdelfatah al Sisi, Erdogan trata de aprovechar la circunstancia al menos en varios frentes simultáneos.
En primer lugar, tal y como quedó demostrado con la firma el mismo 27 de noviembre de un acuerdo que delimitaba las zonas económicas exclusivas marítimas de ambos países, Erdogan busca, como mínimo, frenar el proceso que Grecia, Chipre, Egipto e Israel están desarrollando para explotar los hidrocarburos localizados en el Mediterráneo oriental sin contar con Ankara.
Erdogan, arrinconado en principio por dichos países, los cuales han condenado el acuerdo, pretende sumar aliados a su causa con la intención final de llegar a tener un papel relevante en la futura red mediterránea de suministro de gas a los países de la Unión Europea. De momento, a la espera de ver en qué desemboca su controvertida exploración en aguas chipriotas, ya ha logrado convertir la ciudad sureña de Ceyhan en el punto de llegada de hidrocarburos procedentes del mar Caspio y de Irak. Por otro lado, está a punto de entrar en servicio el gaseoducto Turkstream por el que transitará gas ruso hacia Europa.
En segundo lugar, mirando tanto hacia el pasado como al futuro inmediato, Ankara pretende resarcirse de las pérdidas económicas acumuladas en estos años en los que sus cuantiosas inversiones en Libia han quedado en nada. Así se entiende el apresuramiento del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, que ya en junio de 2016 visitó Trípoli en un gesto de respaldo al recién creado GAN.
El objetivo entonces era intentar reactivar los más de 300 proyectos en distintas fases de ejecución desarrollados por empresas turcas con una inversión superior a los 16.500 millones de dólares. Y a eso se une hoy el interés por reservarse una considerable tajada en la reconstrucción de un país con tanta riqueza en hidrocarburos como necesidades de modernización una vez que la violencia quede atrás.
En esta línea, las empresas turcas tienen serias opciones tanto en el sector de la construcción de infraestructuras como en el aeronáutico, sin olvidar el de la industria de armamento.
Por último, imbuido de una visión neotomana cada vez menos disimulada, Erdogan aspira a ser reconocido como el líder político del islam suní, incluso por encima de Riad. Al igual que ocurre en Siria, también en Libia –uno de los últimos territorios perdidos del imperio otomano hace un siglo– se dirime en buena medida la confrontación entre los aspirantes a un puesto que tradicionalmente ha ocupado Riad.
Por eso, volver a poner un pie en Libia supone para Erdogan no solo desviar la atención sobre los problemas internos y alimentar el orgullo de una sociedad golpeada por la crisis, sino también aumentar su peso específico en un delicado juego que lo está llevando a empantanarse en escenarios bélicos tan procelosos como el sirio y el iraquí.
Poco parece importarle a Erdogan que su visible implicación militar viole el embargo de armas sobre Libia, seguramente porque ha comprobado como muchos otros han hecho lo propio antes sin sufrir ninguna penalización. Pero queda por ver cómo podrá simultáneamente explicar en el marco de la OTAN su aventurerismo militar, gestionar el malestar que a buen seguro su nueva apuesta provocará en Moscú (aliado de Haftar) y cubrirse de las críticas internas de unos adversarios políticos y una ciudadanía que muy pronto comprobarán que nadie les garantiza los réditos del envite.
FOTOGRAFÍA: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea General de la ONU. EFE
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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para elperiódico.com
Termina el año no solo sin atisbo de que el desequilibrado "acuerdo del siglo" salga pronto a la luz, sino que hasta el propio Donald Trump se ve obligado por el Congreso a transferir al menos una parte de los fondos (recortados drásticamente en el 2018 y anulados por completo este año) que tradicionalmente Washington enviaba a una Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) que acaba de ver revalidado su mandato por otros tres años. Incluso la fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) acaba de activar un proceso que puede desembocar en condenas contra israelís que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad desde el 2014.
Pero sería erróneo interpretar esas señales como un cambio de tendencia que nos acerque a un acuerdo palestino-israelí justo, global y duradero. Para empezar, el plan pergeñado en primera instancia por Jared Kushner, el yerno de Trump, solo se ha retrasado por la convulsa agenda electoral israelí (con idea de no dañar las opciones de Netanyahu), pero todas las interesadas filtraciones apuntan sin remedio a una apuesta a favor de Tel Aviv.
Si Trump sale reelegido el próximo noviembre es bien previsible que se afane aún más por rematar la tarea que ya le ha llevado a declarar a Jerusalén como capital israelí --trasladando allí su embajada y cerrando todo canal de contacto con la Autoridad Palestina-- y a apoyar la anexión israelí de los Altos del Golán sirios y la construcción de asentamientos en los territorios ocupados de Palestina; todo ello al margen de las normas más básicas del derecho internacional.
Asfixia económica
Por otra parte, los fondos que ahora tendrá que transferir a la UNRWA (y previsiblemente a la Autoridad Palestina) --no más allá de un tercio de los habituales hasta 2018-- ni sirven para recuperar la capacidad de maniobra de la agencia ni suponen olvidarse del esfuerzo que tanto Trump como Netanyahu están realizando para eliminarla.
No solo se trata de ahogarla económicamente (EEUU aportaba prácticamente un tercio de su presupuesto general), sino de ampliar la campaña de desprestigio que ha llevado a la dimisión de su principal responsable y a forzar una reconceptualización de la figura del refugiado, para dejarla reducida solo a los que todavía viven de los más de 700.000 que sufrieron la Nakba en 1948, en lugar de los más de 5,4 millones registrados en la UNRWA. Aunque sus responsables han logrado movilizar a algunos gobiernos para paliar el creciente déficit, en ningún caso se ha podido compensar la pérdida acumulada.
A esto se añade que Israel no es Estado Parte del TPI y no está claro si Palestina, Estado observador en la ONU, debe ser considerado como tal a efectos de activar un proceso contra israelís. Todavía queda por ver si los jueces del tribunal responden positivamente a la primera duda y determinan que hay pruebas suficientes para iniciarlo.
En definitiva, aunque la imagen de Israel pueda quedar parcialmente afectada, sus gobernantes pueden seguir adelante con su estrategia de hechos consumados para impedir la existencia de un Estado palestino viable, conscientes de que ya nadie se la va a jugar por los palestinos.
FOTOGRAFÍA: EFE
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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para elperiódico.com
Mientras España mantiene el nivel 4 de alerta terrorista (de un máximo de 5), Bélgica ya decidió en enero de 2018 reducirlo al nivel 2 (de 4) y lo mismo acaban de hacer Reino Unido (pasando en noviembre pasado al 3, de 5) y Países Bajos (hace apenas una semana, rebajándolo al 3, de 5). Son siempre decisiones muy delicadas porque, dado que la amenaza persiste, pueden volverse en contra del gobernante que las ha tomado si, por desgracia, se produce un nuevo atentado. Pero suponen también gestos de realismo político, apoyados en datos como los que desde hace ya siete años presenta el Instituto de Paz y Economía en su Índice Global de Terrorismo. Con los datos disponibles del 2018 sobre un total de 163 países (que suponen el 99,7% de la población mundial) podemos perfilar mucho mejor su verdadera dimensión. Así, cabe entender que:
- Por cuarto año consecutivo disminuye el número de personas muertas en atentados terroristas. Las 15.952 muertes registradas suponen un 15,2% menos de las contabilizadas un año antes y un 52% menos de las que se produjeron en el 2014, año en el que se alcanzó el máximo histórico en lo que va de siglo. Pierde fuelle, en consecuencia, el obsesivo sobredimensionamiento de la amenaza que suelen practicar muchos gobiernos.
- Un total de 98 países mejoraron su situación con respecto al año anterior, con Irak, Siria y Nigeria como los más destacados si se toma como referencia las cifras del 2014. En contrapartida, fueron 40 los países en los que la situación empeoró, con Afganistán a la cabeza. Al menos 71 países sufrieron un atentado mortal (frente a los 67 de 2017); en tanto que en 19 se produjeron más de un centenar de víctimas mortales.
- Los diez países en los que más muertes se han producido -Afganistán (46% del total), Nigeria, Irak, Siria, Somalia, Pakistán, Mali, RDC, India y Yemen- acumulan el 87% del total mundial. Se trata de países (ninguno occidental) que sufren, en distinto nivel, al menos un conflicto violento en su seno.
- Si a los anteriores se añaden los países que han sufrido al menos un atentado y en los que se producen regularmente ejecuciones extrajudiciales, torturas y encarcelamientos sin juicio, el porcentaje resultante llega al 99%. Desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo, este dato resulta clave para entender que el énfasis principal para reducir, e idealmente eliminar, esa amenaza pasa por aumentar los esfuerzos en construcción de paz y prevención de conflictos, así como en potenciar el imperio de la ley y el Estado de derecho en todas sus dimensiones. En otras palabras, las estrategias securitarias y militaristas que desde hace años se vienen aplicando nunca serán suficientes para resolver el problema si no van acompañadas de sostenidos esfuerzos sociales, políticos y económicos que atiendan a las causas estructurales que sirven de caldo de cultivo al extremismo violento.
- Visto desde Europa, el panorama resultante muestra que fue la región del planeta con una mejoría más destacada, como se deduce del hecho de que el número de víctimas mortales se redujera un 70% (desde las 204 en 2017 a 62 en 2018, de las cuales 40 se registraron en Turquía). Más en concreto, en Europa Occidental solo cinco países registraron atentados con al menos una muerte, con un total de 183 incidentes.
- Entre los grupos terroristas más letales Daesh ha dejado de ocupar la primera posición que alcanzó ya en el 2014, superado por los talibanes afganos y seguido ahora por el Grupo Khorasan y el antiguo Boko Haram; mientras que ni Al Qaeda ni Al Shabaab figuran ya en posiciones de cabeza. Esos cuatro grupos son responsables del 57,8% de todas las víctimas mortales (en el 2012 no llegaban ni al 29%).
- Entretanto, el terrorismo de ultraderecha va cobrando peso en los países occidentales (con EEUU en posición destacada), con un aumento del 320% en los últimos cinco años. En el periodo enero/septiembre del año actual se contabilizan ya 77 muertes, cuando en todo el 2017 tan solo se registraron 11.
Y así, mientras seguimos sin contar con una definición consensuada internacionalmente de 'terrorismo' (lo que permite, por ejemplo, a dictadores como Al Sisi jugar a su antojo con el concepto), debemos asumir que el problema no va a desaparecer a corto plazo, pero también entender que no es hoy, al menos desde una perspectiva occidental, nuestra principal amenaza. Baste recordar que, desde el 2002, el 93% de todas las muertes registradas por terrorismo se localizan en el Oriente Medio, África Subshariana y Sudeste Asiático.
