(Para El País)
No es extraño que tras veinte años de participación española en operaciones internacionales de paz, la Pascua Militar haya tenido un tono claramente orientado hacia el exterior. Así lo exige la situación internacional, con la indefendible ofensiva israelí sobre Gaza y con la creciente presencia española en escenarios como Afganistán, Líbano, Bosnia, Chad o Somalia. A fin de cuentas hablamos de que unos 105.000 soldados españoles han participado en más de cincuenta operaciones, con un coste humano de 148 muertos y un presupuesto acumulado de unos 3.600 millones de euros.
El balance de este año en el área de la defensa nos deja un buen sabor de boca tanto por cuestiones simbólicas- primera mujer al frente del ministerio- como por otras de contenido- derivadas de una ministra que no solo se limita a gestionar su cartera sino que se atreve a añadir elementos de mayor calado- desde la nueva Directiva de Defensa Nacional hasta el impulso de la Estrategia Nacional de Seguridad y Defensa o la inminente aprobación de unas Ordenanzas que pondrán al día lo aprobado en 1978.
Si se piensa en el inmediato futuro- y al margen la puesta en marcha de la ley de la carrera militar, la adecuación a un entorno económico más restrictivo y el vuelco que se ha producido en términos de reclutamiento-, lo más relevante es el énfasis en una presencia militar en el exterior que debe convertir a España en un activo constructor de la paz. La primera señal de esta voluntad es la decisión de eliminar el techo que el Gobierno se había impuesto en 2005 de no superar los 3.000 efectivos en el exterior. Resulta una medida adecuada por varios motivos. Esta participación es lo que más ha contribuido a modificar la negativa imagen que la sociedad española tenía de una institución lastrada por un pasado felizmente superado y, además, a mejorar muy notablemente la operatividad de nuestros ejércitos. No menos importante es que, gracias a esa mayor implicación en escenarios de alta inestabilidad, España ha aumentado en gran medida su peso internacional.
Por otro lado, la eliminación del techo señala una madurez política que, por fin, logra desembarazarse del complejo de ser acusado de militarismo por ciertos sectores sociales o políticos. El efecto negativo de la bochornosa participación en la invasión de Iraq (hasta que en marzo de 2004 se optó por la retirada inmediata) ha gravado poderosamente el debate sobre este tema. Para no superar los niveles de fuerzas desplegados por gobiernos anteriores se han hecho permanentes filigranas contables para intentar atender a las misiones en el terreno, llegando a la retirada de fuerzas en algunos casos (como en el difícilmente explicable de Haití), para atender otras demandas más urgentes (como Líbano o Afganistán). Se ha considerado, erróneamente, que la opinión pública no iba a distinguir entre una misión con respaldo de la ley internacional, que podía suponer un despliegue más numeroso, y otra ilegal o ilegítima, fuera cual fuera el nivel de tropas implicados en cualquiera de ellas. Un efecto contraproducente adicional de esta actitud ha sido la de elevar el riesgo de quienes ya estaban sobre el terreno, dado que no siempre ha sido posible cumplir con las tareas de protección y asistencia a la población local o a los elementos civiles del esfuerzo español y, simultáneamente, con las de la propia seguridad del contingente militar.
A España se le va a demandar una mayor participación en contextos internacionales (con Afganistán como primer ejemplo). Podemos y debemos contribuir a la paz y a la seguridad con medios militares, y de ahí que sea una buena noticia la disposición a atender a dos operaciones principales y a cuatro menores, identificando a África y al Mediterráneo como áreas de atención preferente. Con las condiciones ya conocidas- respaldo legal internacional (inicialmente identificado con la ONU, aunque solo el tiempo dirá si también bastará con el que proporcionen las decisiones adoptadas en la OTAN o en la UE), voluntad del pueblo español (a través de sus representantes en el parlamento) y capacidades militares (con el límite en torno a los 7.700 soldados, si se toma atiende la recomendación de la OTAN de llegar hasta el 8% de los efectivos operativos)- resulta importante subrayar que la prioridad máxima no puede ser, como ha señalado la propia ministra “la seguridad de nuestras fuerzas”. Es una preocupación permanente, pero no puede ser ésta la vara de medida del esfuerzo a realizar.
Un complemento valioso de esta nueva orientación es la inclusión en las inminentes nuevas Ordenanzas de un capítulo específico (sobre Ética en las Operaciones), que resalta el valor de los principios básicos del derecho internacional humanitario como guía fundamental de actuación de nuestros soldados. Nos interesa a todos que esta medida sea algo más que una mera referencia nominal.