Imagen de la central nuclear de Bushehr (Irán). Foto: Paolo Contri / IAEA Imagebank (CC BY-SA 2.0)

 

Para Blog Elcano.

 

El asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, reconocido como padre del programa nuclear iraní que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) declaró paralizado en 2003, no resuelve ningún problema y, por el contrario, crea o acelera otros muy inquietantes.

No sirve, en primer lugar, para frenar el polémico programa nuclear iraní. Quienes han autorizado y ejecutado el asesinato del pasado día 27 en las cercanías de Teherán constituyen un eslabón más en una cadena que se entiende como aplicación de la llamada Doctrina Begin, explicitada abiertamente en 1981 por el entonces primer ministro israelí, tras haber llevado a cabo la destrucción del reactor nuclear que el régimen de Sadam Husein (entonces aliado occidental) estaba construyendo en Osirak (Operación Ópera). A ese mismo cálculo –evitar a toda costa que alguien pueda contar con un arsenal nuclear en la región, a excepción obviamente del propio Israel– responde la destrucción reconocida por Tel Aviv en 2018 de las instalaciones nucleares que el régimen sirio de Bashar al-Assad estaba creando en Al Kibar (Operación Huerto). Por lo que respecta a Irán –convertido en el “malo de la película” desde 1979–, ahí están los ataques informáticos, mano a mano con EEUU, con los virus Stuxnet y Flame (2010-2012) en las instalaciones de la planta de enriquecimiento de Natanz, el asesinato de varios científicos nucleares (2010-2012), la eliminación de Hassan Tehrani Moghaddam (noviembre de 2011), cabeza visible del programa misilístico, y, más recientemente, del general Qasem Soleimani (enero de 2020), líder indiscutible de la fuerza de élite de los pasdarán (Fuerza Al-Qods o Sepah-e Qods) y encargado de las operaciones en diferentes países vecinos.

Si en realidad el objetivo buscado fuera frenar un programa que ha levantado tantas sospechas y ha provocado la imposición de sanciones cada vez más duras contra la población iraní y algunos de sus gobernantes, bastaba con mantenerse comprometido con el acuerdo alcanzado en junio de 2015, del que Donald Trump decidió salirse en mayo de 2018. Un acuerdo que, según la propia AIEA, Irán estaba cumpliendo hasta ese momento de manera escrupulosa. De ahí se deriva que la muerte de Fakhrizadeh, que ya en 2018 había sido puesto públicamente en la diana por el propio Benjamin Netanyahu, no solo no va a suponer el abandono del empeño nuclear iraní, sino que, como acaba de acordar el Majlis, va a bloquear la posibilidad de que los inspectores de la AIEA puedan seguir desarrollando su labor con las reglas más intrusivas que recoge el Protocolo Adicional de 1997. Es decir, habrá menos ojos para poder conocer lo que Irán hace en este campo, más argumentos para que los halcones del régimen (los principalistas) terminen por recobrar la presidencia en las elecciones del próximo año y más tentación de alcanzar de una vez por todas el umbral nuclear.

En clave interna, hace tiempo ya que el programa nuclear iraní es suficientemente sofisticado como para que no dependa de una sola persona, por importante que pueda haber sido en algún momento. Pero mientras siguen adelante en su empeño, queda de manifiesto que agentes extranjeros y actores locales abiertamente críticos con su dictado –como el grupo de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK, por sus siglas en persa)– son capaces en pleno territorio iraní de llevar a cabo actos como el que ahora ha terminado con la vida de Fakhrizadeh y en agosto pasado con la de Abu Mohammed al-Masri, mano derecha del líder de al-Qaeda. Eso supone una vulnerabilidad extrema que cuestiona la imagen aparentemente eficiente del todopoderoso Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y que, a buen seguro, quita el sueño a sus máximos responsables.

Igualmente, es obvio que ese asesinato tampoco sirve a la causa de la paz en el convulso Oriente Medio. Los enemigos de Irán saben que no hay solución militar al problema que supone su intención de liderar la región y exportar su modelo. Saben, asimismo, que Joe Biden se ha mostrado partidario de volver al mencionado acuerdo de 2015 y que, por tanto, el tiempo apremia antes de que Irán pueda liberarse de las sanciones y volver al escenario internacional como uno más. En consecuencia, lo que desesperadamente buscan esos enemigos –en una amalgama en la que Donald Trump, Mohamed bin Salman y Benjamin Netanyahu destacan sobremanera– es provocar una sobrerreacción iraní que les sirva de argumento para incrementar el castigo y abortar el posible acercamiento que Biden pueda tener en mente. Apuestan, sin disimulo, al “cuanto peor, mejor”.

Sobradamente conscientes de ello, el tándem Alí Jamenei / Hassan Rohaní está optando por hacer gala de una contrastada “paciencia estratégica”, con represalias de bajo perfil a los ataques recibidos y con el punto de represión interna suficiente para mantener el control de la situación, a la espera del relevo en la Casa Blanca. Calculan, quizás con demasiada ingenuidad, que todo va a cambiar después del 20 de enero, olvidando que en la hipotética oferta de Biden también vendrá incluida la exigencia de poner más límites al programa misilístico y a la injerencia iraní en los asuntos de varios vecinos. Asuntos estos a los que Teherán no podrá renunciar sin perder buena parte de las bazas de retorsión que hasta ahora le han permitido sobrevivir en mitad de un acoso y derribo tan insistente.

 

IMAGEN: Imagen de la central nuclear de Bushehr (Irán). Foto: Paolo Contri / IAEA Imagebank (CC BY-SA 2.0)

 

ET

 

Para ElDiario.es

 

No solo la llamada, el pasado 23 de marzo, del Secretario General de la ONU al cese de hostilidades en todos los conflictos activos ha sido desatendida, sino que incluso otros, como el que afecta al Sáhara Occidental, se han reactivado y se han iniciado algunos “nuevos”, como el del Alto Karabaj y, más recientemente, el de Etiopía. En este último caso nos encontramos, desde principios de este mes, ante un choque directo entre las fuerzas armadas y policías estatales por un lado y la policía regional y las milicias alineadas con el Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT), por otro.

 

De momento, cuando ya se ha iniciado la ofensiva contra la capital de esa región norteña, Mekele, anunciada por el primer ministro Abiy Ahmed Ali tras cumplirse el ultimátum de 72 horas planteado al FLPT, las víctimas mortales ya superan el millar, los refugiados en Sudán ya sobrepasan las 43.000 personas y la crisis humanitaria se hace aún más aguda para los 100.000 refugiados eritreos ubicados en la región y para las más de 600.000 personas que dependen de la ayuda alimentaria y sanitaria para sobrevivir.

El conflicto interno –de momento, pero con alta probabilidad de que se internacionalice– hunde sus raíces en las fracturas producidas tras la llegada de Abiy al poder, en abril de 2018. Hasta entonces, la minoría tigray (apenas un 6% de los más de 110 millones de habitantes, muy por debajo de los oromo (35%) y los amhara (27%), principales grupos étnicos de los más de 80 que pueblan el país) ostentó un poder innegable en el marco de la coalición gubernamental conocida como Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), que dirigía el país desde 1991.

 

Dimensión internacional y tensiones internas

 

La llegada de Abiy Ahmed- con un proyecto reformista conocido como Medemer (sinergia, en lengua amhárica), basado en lograr una democracia vibrante, un desarrollo económico sostenido e integrador y una apertura al mundo, ilusionó a una población que se había movilizado abiertamente contra el EPRDF y tuvo un impacto considerable en varios frentes.

Y así, mientras su figura cobraba una dimensión internacional, sobre todo tras la concesión del Premio Nobel de la Paz el año pasado por lograr el cierre del conflicto con Eritrea tras 20 años de violencia, en el frente interno, muy pronto quedó de manifiesto que su política centralizadora iba a agravar las tensiones con los gobiernos regionales. El de Tigray, en donde el FLPT conserva el poder, ha sido el que más abiertamente ha retado a Abiy, tanto por sentirse afectado por la pérdida de poder en Adís Abeba, expulsado de la coalición gubernamental, como por sufrir en sus carnes las purgas contra la corrupción y sus violaciones de derechos humanos y por el temor a perder competencias en su propia región.

En esa línea, y a pesar de que el Gobierno central había decretado el retraso en las elecciones regionales hasta el próximo año por el impacto de la COVID-19 (que ya ha costado la vida a más de 1.600 etíopes –más de 108.000 casos–), el líder del FLPT, Debretsion Gebremichael, decidió celebrar los comicios el pasado 9 de septiembre. Las elecciones reforzaron su mandato, pero los resultados no fueron reconocidos por Abiy, que inmediatamente cortó las relaciones con el gobierno regional y congeló la transferencia de fondos estatales. Por su parte, el FLPT no reconoce la autoridad de Abiy, por entender que su mandato finalizó el pasado 5 de octubre (fecha en la que teóricamente vencía su mandato).

Los acontecimientos se han precipitado a partir de ese punto, con una ofensiva lanzada por Adís Abeba el pasado día 4, como respuesta a un ataque de las fuerzas del FLPT contra una base militar federal cercana a Mekele. A eso se añadió una masacre de más de 600 civiles en la localidad tigriña de Mai-Kadra, en la que los combatientes del FLPT aparecen como sospechosos principales; seguida de otros movimientos y choques que han acabado confluyendo alrededor de la capital regional.

Abiy pretende asestar rápidamente un golpe definitivo que doblegue la resistencia del FLPT y le permita no solo eliminar a un poderoso enemigo (que dice contar incluso con la mitad de las fuerzas federales del Comando Norte, bien por captura de su material o porque se han pasado a su bando), sino también acelerar su proceso centralizador.

A la espera de ver en qué desemboca la actual ofensiva, con preocupantes avisos a la población civil que dan a entender que puede ser castigadas indiscriminadamente en el asalto a Mekele, lo que ya es evidente es que Abiy ha ido perdiendo las simpatías populares que acumuló en sus inicios. Su decisión de desmantelar la coalición gubernamental y sustituirla por el Partido de la Prosperidad, del que es presidente y donde no hay representantes del FLPT, ha generado más tensiones entre los dirigentes de otros partidos de raíz étnica que interpretan el plan de Abiy como una pérdida neta de poder y no está nada claro que el empleo de la fuerza le vaya a permitir acelerar sus planes políticos.

Mientras tanto, resulta evidente que hasta ahora los actores implicados en este conflicto han desoído las llamadas de la ONU y de la Unión Africana a la contención, aunque ello signifique tanto un agravamiento de la crisis humanitaria que ya sufre la región como una mayor probabilidad de que tanto Eritrea como Sudán (sin olvidar a Egipto, sobre todo en relación con el controvertido proyecto de llenado de la Gran Presa del Renacimiento) acaben por añadirse a la espiral violenta.

 

FOTOGRAFÍA: EFE/EPA/STR

Los días 25 y 26 de noviembre se celebraron virtualmente las VIII Jornadas Estatales de Acción Humanitaria: ‘’La acción humanitaria en un escenario marcado por la COVID-19: impactos actuales y perspectivas de futuro”.

Con el objetivo de profundizar en la arquitectura de la agenda humanitaria actual, representantes de organizaciones a nivel estatal e internacional analizaron sus diferentes aristas, resaltando los retos que la pandemia del COVID-19 ha puesto sobre el tablero, los aspectos relacionados con la localización y la presente reforma del sistema español de cooperación.

Simplemente agradecer su participación a todas las personas asistentes y a la AECID, la Coordinadora de ONGD y La Casa Encendida su involucración en el desempeño de las mismas. En los próximos días se publicará la relatoría con los principales temas abordados. Mientras tanto, pueden visualizarse las sesiones en los siguientes enlaces: 

 

 

 

 

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La idea de crear un instituto de reflexión, análisis e incidencia sobre conflictos y acción humanitaria surgió en un momento social y político que invitaba a la acción. Para los fundadores del IECAH –Mariano Aguirre, Francisco Rey y Jesús Núñez– la experiencia acumulada en sus distintos campos de acción a lo largo de la Guerra Fría y de los años noventa, planteaba la conveniencia y la necesidad de hacer confluir los estudios sobre construcción de la paz y prevención de conflictos violentos con los de la acción humanitaria. Un vínculo que 20 años después se comprende y aplica por parte de instituciones y administraciones, pero que el IECAH ya definió en su lanzamiento como su principal línea de trabajo.

A lo largo de estos años el IECAH ha tenido buenos compañeros de travesía , desde el Centro de Investigación para la Paz, que sirvió de punto de confluencia en sus inicios, hasta la Universidad de Deusto, la Fundación la Caixa, La Casa Encendida o Médicos Sin Fronteras. Asimismo, han sido muchas las iniciativas de colaboración y las alianzas que han permitido el desarrollo de sus actividades, incluyendo la implicación de personas como Mabel González, Teresa Filesi, Julián Carranza y Ana Urgoiti, en esos primeros años, o ahora de Enrique Eguren o Alfredo Langa.

Al revisar estos 20 años, sentimos que el IECAH es una realidad consolidada. Contamos para ello con un pequeño, pero muy activo equipo, que se afana permanentemente por mantenerse al día y que ha logrado adaptarse a circunstancias muy distintas en mitad de crisis tan profundas como la que estalló en 2008 o la pandemia actual de COVID-19, además de una sólida red de expertos colaboradores.

La principal seña de identidad del IECAH es la independencia, lo que implica a menudo trabajar a contracorriente de la visión dominante, en defensa de una acción humanitaria no instrumentalizada, y de los enfoques preventivos para evitar el estallido de la violencia. El balance cosechado a lo largo de estos años, desarrollando numerosos proyectos con y para diferentes organismos de la administración central, autonómica y local, así como para la Unión Europea a través de diferentes consorcios internacionales y con numerosas ONG y entidades privadas avalan el trabajo realizado.

Hay otros tres ámbitos en los que el IECAH también ha logrado consolidarse: el educativo, siendo pioneros en la formación online y apostando por la calidad de los contenidos frente a los títulos oficiales; el de la asistencia técnica, evaluando multitud de proyectos y programas de muy diferentes actores públicos y ONG; y el de la incidencia política, a través de una frecuente presencia en los medios de comunicación, así como la organización de ciclos de debate y análisis en diversas materias.

El IECAH no es formalmente una institución académica ni una organización activista. Y es precisamente su carácter mixto lo que le ha permitido implicarse muy activamente en la elaboración de estrategias de cooperación y de seguridad estatales, en iniciativas de calidad en el ámbito humanitario, en la inclusión de temas de género..., tanto a escala europea como española, con un impacto real en la formulación de políticas públicas y privadas.

Y hoy, cuando el IECAH mira al futuro sigue identificando con claridad desafíos en todos sus ámbitos de actividad, manteniéndonos ocupados y preocupados por mejorar el análisis de la realidad que nos toca vivir y de perfeccionar en lo posible los marcos de respuesta a amenazas como la proliferación de armas de destrucción masiva, la crisis climática o las nuevas formas de violencia, así como por defender una acción humanitaria fiel a sus principios fundacionales.

 

Por eso, en el IECAH queremos seguir analizando, investigando, formando e incidiendo.

 

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