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Para Blog Elcano.

 

Aunque Zalmay Khalilzad –enviado especial de Washington para Afganistán desde 2018– llegue en el último minuto a evitar el esperpento, el daño ya está hecho. Hoy mismo, a horas prácticamente coincidentes y a escasos metros uno del otro, Ashraf Ghani y Abdullah han invitado a propios y extraños a las ceremonias en las que ambos se presentarán como el único presidente legítimo de Afganistán. Un cargo que, simultáneamente, también reclama para sí el líder de los talibanes, el mulá Hebatulá Ajundzada, que considera a los dos mencionados anteriormente como simples marionetas de Estados Unidos.

El tándem Ghani-Abdullah fue el resultado de un acuerdo cocinado directamente por Washington en 2014, al margen del resultado electoral, que permitió evitar el choque directo entre ambos políticos pero que nunca logró que ambos sumaran fuerzas en pro del país. Y esa situación se ha repetido tras las elecciones del pasado 28 de septiembre. Cabe recordar que, en un país de unos 35 millones de habitantes, tan solo 9,6 se registraron para poder ejercer su derecho de voto –en una muestra flagrante de desinterés por unas elecciones y unos gobernantes vistos como ajenos a la realidad del país e impotentes para encarar una mínima senda de desarrollo y estabilidad que saque a Afganistán del pozo en el que lleva hundido al menos desde 1979. Finalmente, argumentando distintas irregularidades, solo se tomaron en cuenta 1,8 millones de los 2,7 emitidos; lo que habla sobradamente de la escasa representatividad de quienes ahora reclaman el poder en Kabul. Aun así, hubo que esperar al 18 de febrero para que la Comisión Electoral Independiente terminara por proclamar la victoria de Ghani (con un 50,64% de los votos), inmediatamente contestada por Abdullah (quien habría recibido el 39,52%).

Y todo eso ocurre a dos días del inicio de las conversaciones intra afganas, también recogidas en el acuerdo del pasado 29 de febrero en Doha, firmado entre Estados Unidos y esos mismos talibanes que en su origen (primeros años noventa) fueron bienvenidos para intentar pacificar el país años después de la retirada soviética, luego (11-S) demonizados por su alianza con al-Qaeda y ahora nuevamente admitidos como interlocutores válidos. Suficientemente clarificador resulta el hecho de que, tras la firma, el propio presidente Donald Trump haya mantenido una conversación telefónica con el mulá Abdul Ghani Baradar, el mismo que Washington detuvo en 2010 y que ahora acaba de firmar el acuerdo con Khalilzad.

Un acuerdo, que arranca con un cese de hostilidades incumplido desde el primer minuto, con el que Trump trata de ocultar una derrota sin paliativos en una guerra cuyo inicio se remonta a octubre de 2001, en la que se ha despilfarrado más de un billón de dólares, han muerto más de 100.000 civiles solo en la última década y más de 3.500 militares de ejércitos extranjeros (de ellos unos 2.500 estadounidenses). Una guerra que en buena medida da la razón al comandante talibán que sostenía ante sus interlocutores occidentales que “ustedes tienen el reloj, pero nosotros tenemos el tiempo”. Por eso ahora, mientras los talibanes se aprestan a quedarse con buena parte de la tarta del poder (si no con toda ella), Washington se compromete a retirar sus tropas en 14 meses (5.000 en los próximos 135 días y los 8.000 restantes antes de que se cumpla ese plazo), sin que quede claro si los talibanes le permitirán mantener algún contingente en misiones contraterroristas (al-Qaeda y Dáesh son realidades bien notorias, como lo demuestra el atentado que ha causado una treintena de muertos en un acto al que asistía Abdullah, apenas una semana después de la firma del acuerdo).

Siendo realistas resulta una pura ensoñación suponer que, por su parte, los talibanes van a esforzarse por evitar, en el territorio bajo su dominio, que los yihadistas puedan moverse a sus anchas. Y esto no solo porque hasta ahora sus vínculos se han reforzado de tal manera que, aun deseándolo, resulte muy difícil romperlos e imponerse por la fuerza a sus antiguos aliados; sino también porque existen muchas dudas sobre la capacidad que tiene hoy Ajundzada para imponer su voz entre sus diferentes y no siempre bien avenidos comandantes locales. Lo mismo cabe decir de la previsión de proceder a la liberación de unos 1.000 prisioneros que tienen en sus manos, a cambio de que el gobierno afgano haga lo propio con unos 5.000 miembros del movimiento yihadista (el presidente Ghani, razonablemente despechado por no haber podido ni siquiera participar en un proceso de negociación en el que se han tomado decisiones que le incumben muy directamente, ya se ha apresurado a mostrar su rechazo a abrirles las puertas).

En definitiva, el acuerdo le sirve a Trump en clave electoral, saliendo de lo que él mismo denomina “guerras sin sentido”, aunque eso signifique dejar el país a su suerte. También les sirve a los talibanes, al verse legitimados por Washington y, sobre todo, al ver más cerca el momento en el que puedan volver a reinar en Afganistán. Por el contrario, es obvio que no les sirve a los afganos, cuyo bienestar, seguridad y derechos va a empeorar a buen seguro, aunque solo sea en la medida en que la fragmentación que define al ya mencionado dúo Ghani-Abdullah debilitará aún más la posición que quien finalmente logre ser reconocido como presidente en las conversaciones/negociaciones que previsiblemente empiezan ahora.

 

FOTOGRAFÍA: Firma del acuerdo de Doha (29 de febrero) con la participación de Mike Pompeo (secretario de Estado de EEUU), Zalmay Khalilzad (enviado especial de EEUU para Afganistán) y el mulá Abdul Ghani Baradar. Foto: Ron Przysucha / U.S. Department of State (Dominio público)

 

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Para ABC Internacional.

 

Están en bandos opuestos en el conflicto sirio, pero tienen intereses comunes en otros ámbitos. Por eso, sabiendo que las fricciones pueden arruinar unos vínculos que ambos quieren preservar, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan volvieron a reunirse el pasado día 5 para limar asperezas y actualizar su acuerdo. Un pacto que, desde el establecido en Sochi (septiembre de 2018), se había erosionado significativamente a favor de Moscú y Damasco (sin que el Gobierno sirio haya tenido que participar ni siquiera en estos encuentros). Turquía ha visto cómo su territorio se ha seguido llenando de personas que huyen de la violencia (hasta llegar ya a los cuatro millones), cómo las milicias kurdas sirias siguen activas en la zona fronteriza y cómo sus puestos militares de observación en la provincia de Idlib han quedado neutralizados por las tropas sirias. Rusia, en cambio, se ha convertido sin discusión en el factótum diplomático y militar, colocando al régimen sirio bajo su manto protector, sustituyendo el proceso de Ginebra (auspiciado por la ONU) por el de Astana (en el que también figura Irán, junto a Turquía) y respaldando, sobre todo con fuego artillero y apoyo aéreo, a las fuerzas leales a Damasco en su intento por recuperar el control sobre todo el territorio.

Erdogan ha calculado mal sus fuerzas. Si primero optó infructuosamente por el derribo del régimen de Bashar al Assad, abriendo sus puertas al tránsito de yihadistas de todo pelaje y apoyando a milicias contrarias a Damasco, a partir de 2016 pasó a centrarse en el triple objetivo de evitar que su territorio fuera contaminado por la violencia de su vecino, cerrar el paso a nuevos refugiados (con cuya vida juegan vergonzosamente unos y otros) e impedir que los kurdos sirios puedan consolidar una entidad propia en sus inmediaciones. A la vista está que los resultados no son muy satisfactorios y el lanzamiento de la actual operación Escudo de Primavera tampoco augura algo muy distinto. Es cierto que Erdogan está destruyendo algunos activos militares sirios–sobre todo con fuego artillero y drones armados– pero, como acaba de demostrar el endeble acuerdo logrado en Moscú, no puede derrotar a Al Assad mientras este siga contando con la cobertura aérea rusa.

El juego de Moscú

Al haber extendido demasiado sus líneas (llegando hasta Libia) y al haber acumulado gestos inamistosos con sus principales socios y aliados –sea con la Unión Europea, perturbando los planes de explotación del gas localizado en el Mediterráneo oriental y ahora con su decisión de dejar salir a los desesperados que se agolpan ante la frontera griega, o con Estados Unidos, con la compra de sistemas antiaéreos rusos S-400 y la amenaza de no prestar sus bases a las fuerzas estadounidenses–, Erdogan se ha quedado solo (ahí está la falta de respuesta aliada a su petición de despliegue de baterías de Patriot) y sometido a un Putin interesado por igual en la fragmentación de la OTAN y en cortejar a Ankara con la oferta de negocios de explotación conjunta del gas (sirva el gasoducto Turkstream como ejemplo). Y todo eso mientras su posición interna se va erosionando, con una población cada vez más crítica con su deriva autoritaria, más reacia a soportar la carga que suponen los refugiados y el aventurerismo militar, más descontenta con su gestión económica y, por tanto, más dispuesta a escuchar lo que planteen, incluso en las propias filas del islamismo político, sus opositores.

Eso le ha permitido a Putin convertirse en interlocutor imprescindible en cualquier intento de buscar una solución al conflicto sirio (mientras EE.UU. pierde peso a ojos vista y la Unión Europea nunca ha logrado ser tenida en cuenta). Por un lado, se permite apoyar a Al Assad –aumentando el peso de su presencia militar en la base naval de Tartús y en la aérea de Hmeimim– y, por otro, cuenta con una baza más con la que poder negociar un posible alivio a las sanciones que pesan sobre Moscú por su implicación en Ucrania. Además, logra imponer su criterio ante Teherán y Ankara, sin perder de vista el acercamiento a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, en un intento por sumar posibles financiadores de la futura reconstrucción siria.

Y aunque Erdogan trate de vender el acuerdo como un éxito y haya logrado evitar la ruptura de relaciones con una Rusia con la que necesita seguir entendiéndose, la realidad es que su influencia en Siria disminuye. Y así se explica que la nueva línea que demarca el frente tras el acuerdo ruso-turco suponga admitir que Ankara pierde terreno o, lo que es lo mismo, que Damasco sigue avanzando sus peones y ya controla la importante autovía M-4 (que une el puerto de Latakia con Alepo). Esa cesión de territorio en Idlib, a manos de las fuerzas sirias, hace que sus posiciones militares (y las de sus aliados locales) se hagan insostenibles en cuanto las fuerzas de Damasco reemprendan la ofensiva.

 

FOTOGRAFÍA: Erdogan y Putin, el pasado jueves tras mantener una reunión en Moscú - EP

 

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EFE

 

Para elperiódico.com

 

Entre la angustia existencial de quienes solo aspiran a salvar sus vidas y cubrir sus necesidades más básicas y la desvergüenza de quienes en lugar de seres humanos solo ven peones de su particular ajedrez geopolítico y geoeconómico, lo único claro en lo que coinciden tanto Turquía como Grecia (y, por extensión, la Unión Europea) es en que los desesperados no pasarán.

Para Erdogan eso significa que no está dispuesto a permitir que a los casi cuatro millones de refugiados que ya malviven en su territorio se añada uno solo de los alrededor de un millón que se están viendo forzados a desplazarse en la provincia siria de Idlib, escapando de la ofensiva del régimen de Al Asad (con apoyo ruso) y la contraofensiva turca. Y de ahí que, por un lado, haya lanzado la operación Escudo de Primavera y, por otro, haya vuelto a abrir la puerta migratoria hacia Grecia. Al haber calculado mal sus fuerzas y la reacción de su teórico aliado ruso, Erdogan procura ahora recabar un apoyo más claro tanto de la OTAN (EEUU) como de la UE para frenar al tándem Moscú-Damasco, o al menos presionar al primero para que acote las ambiciones militaristas del segundo, recurriendo a una baza que ya le rindió anteriormente buenos frutos (6.000 millones de euros por parte de Bruselas).

Por su parte, para Mitsotakis y para la cúpula de la UE queda claro que lo fundamental es proteger las fronteras comunitarias, evitando la repetición de lo ocurrido en el 2016, en un nefasto “sálvese quien pueda” que hundió la imagen de la Unión y casi se llevó por delante Schengen. Las felicitaciones de Von der Leyen a Atenas por ser el “escudo” de la Unión y las apelaciones a “mantener la línea” transmiten una inapropiada visión militarista, aunque solo sea porque su uso supone identificar a los desesperados como un supuesto ejército invasor. Y da igual si por el camino se dispara a quienes ahora están atrapados en tierra de nadie o se tira a la papelera (aunque se presente como una medida temporal) la Convención del Estatuto sobre Refugiados (1951), que obliga tanto a Grecia como al resto de los Veintisiete a asistir y proteger a toda persona que esté en esas circunstancias.

 

Ceguera

Actuar de este modo no solo echa por tierra cualquier proclama sobre supuestos valores y principios que decimos que definen nuestras democracias y olvidar la corresponsabilidad en la creación de muchas de las crisis y conflictos que derivan con demasiada frecuencia en una intensificación de los flujos migratorios.

Supone también una absoluta ceguera. La misma que parece obnubilar al Ministerio de Interior español, cuando apuesta por elevar un 30% las vallas de Ceuta y Melilla, o a los Veintisiete, al volver a apostar por un tratamiento policial de un fenómeno que nunca, sea cual sea la altura de los muros y el volumen de los despliegues de Frontex, podrá detener la desesperación de quienes no tienen nada que perder y tan solo pretenden salir de su particular infierno. Un infierno que, irresponsablemente, llevamos años construyendo.

 

FOTOGRAFÍA: SEDAT SUNA (EFE)

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rnelogo Para Radio 5 (RNE)

Entrevista con Francisco Rey Marcos (IECAH) y Raquel González (MSF) en el programa Solidaridad de Radio 5 sobre el Informe de Acción Humanitaria 2018-2019 "Sin cambios en tiempos de incertidumbre"

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IRAN

 

Para ElDiario.es

 

Ni retrasando cinco horas el cierre de los colegios electorales ni apelando al voto como un deber religioso ha logrado el tándem Jamenei-Rohaní convencer a los 58 millones de potenciales votantes a acercarse a las urnas.

Y el resultado de esa apatía por parte de una sufrida ciudadanía es la participación más baja desde 1979 (un 42,56%, 20 puntos menos que en las de 2016, mientras en Teherán se registró un raquítico 25,4% –dando credibilidad al Ministerio de Interior–). Y el caso es que lo ocurrido no constituye ninguna sorpresa ni sirve de disculpa, como ha pretendido el régimen, apelar al creciente temor por los efectos del coronavirus (que ya ha provocado 12 muertos, según el ministerio). Las razones de esta apatía vienen de mucho más atrás.

Por un lado, el descontento ciudadano se explica por la generalizada percepción negativa sobre unos gobernantes percibidos como ineficientes en el manejo de los asuntos públicos, permisivos o implicados en una corrupción en aumento y con muy escasa credibilidad (acrecentada tras la nefasta gestión del derribo del avión ucraniano que costó 176 vidas humanas el pasado mes).

Uno de los más claros ejemplos de esto último es el hecho de que el Consejo de Guardianes haya impedido la participación en las elecciones a varios miles de candidatos reformistas (hasta el punto de que en 44 de las 208 circunscripciones solo haya habido candidatos "principalistas" y de que 90 diputados actualmente en ejercicio hayan visto rechazada su candidatura.

Evidentemente, tampoco ayuda a mejorar esa percepción el sistemático sesgo represivo de un régimen que no tiene reparos en matar indiscriminadamente a quienes se le oponen, como lo atestiguan los centenares de muertos registrados el pasado noviembre en las movilizaciones que siguieron al aumento de los precios de los combustibles.

Por otro lado, el ahogo económico al que la Administración de Donald Trump está sometiendo a Irán desde mayo de 2018, cuando decidió salirse del acuerdo nuclear de 2015, acentúa aún más el enojo. Washington ha encontrado en la asfixia económica la mejor baza para conseguir sus objetivos.

Para una economía tan dependiente de la exportación de hidrocarburos es inmediato entender el impacto que supone pasar de vender en torno a los 2,5 millones de barriles diarios hace apenas un par de años a los menos de 300.000 actuales (con China como único cliente relevante y con los europeos subordinados al dictado de Washington).

Sin esa vía de supervivencia, y aunque Rohaní haya logrado crear 3,6 millones de empleos e incrementar notablemente la actividad de los sectores exportadores no ligados a los hidrocarburos, el balance actual muestra que la inflación está ya en el 33,5% y que el crecimiento esperado para este año es del -6%.

En esas condiciones no puede extrañar que se tambalee la paz social y que la población sea aún más crítica con un Gobierno que insiste en un controvertido programa nuclear y misilístico, así como en una significativa injerencia en asuntos internos de algunos vecinos, es decir, en esfuerzos que a muchos les parecen desproporcionados porque, como mínimo, restan recursos para atender a los problemas diarios del conjunto de los 80 millones de iraníes.

A la espera de ver si la estrategia estadounidense logra su objetivo –con el innegable apoyo de Tel Aviv y Riad– las elecciones del pasado día 21 suponen buenas noticias para los sectores más intransigentes del régimen iraní. Al menos 219 (fueron 83 en 2016) de los 290 escaños en disputa van a parar a manos de los "principalistas", copando incluso la totalidad de los 30 que estaban en juego en Teherán, mientras que los reformistas apenas logran 20 (obtuvieron 119 en 2016) y los independientes otros 35 (81 en 2016), en tanto que el resto se reparte entre las cinco minorías y quedan 11 escaños por decidir en abril.

Estos datos perjudican el bienestar y las ansias de libertad de buena parte de la población, así como a Rohaní y a cualquier candidato reformista en las elecciones presidenciales del próximo año. Por el contrario, benefician indudablemente a quienes apuestan por una línea dura frente a Estados Unidos, lo que pronostica una mayor polarización interna, una sostenida injerencia en asuntos vecinales y un mayor énfasis en el desarrollo del programa nuclear y misilístico.

En concreto, los pasdarán (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica) aparecen como los principales beneficiados, con Mohamed Baqer Qalibaf, exalcalde de la capital y exjefe de la fuerza aérea de los pasdarán, como previsible nuevo presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán (Majlis).

En definitiva, un nuevo Majlis y los mismos problemas en un marco de creciente tensión en el que ni Washington ni Teherán pueden racionalmente desear el choque directo, pero en el que ambos siguen jugando peligrosamente con un fuego que puede acabar por quemarlos tanto a ellos como al resto de la región.

umulado en la presentación de su plan (provocado por la convulsa situación electoral israelí) y el hecho de encontrarse personalmente en campaña imposibilita su implementación. Pero, en definitiva, ninguno de los dos busca la paz, sino la victoria.

 

FOTOGRAFÍA: Una mujer vota en las elecciones parlamentarias de Irán. Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa