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Para el Equal Times.

 

Desde hace demasiado tiempo el mundo árabo-musulmán, tanto en el Magreb como en Oriente Próximo y Oriente Medio, se nos aparece como sinónimo de subdesarrollo, inestabilidad y violencia. En el marco de unos sistemas imperfectos –tanto en su vertiente social como política y económica– allí chocan los intereses de unas elites dominantes, empeñadas en mantener sus privilegios a toda costa, con los de una ciudadanía crecientemente crítica, sea por la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, por sufrir en sus carnes el efecto de una violencia que no cesa o por ver cotidianamente violados sus derechos por sus propios gobernantes y negada la posibilidad de llevar una vida digna.

A eso se suma la tradicional y perniciosa injerencia de potencias regionales y globales, mucho más atentas a lo que determinan las elites locales que a la población, interesadas en influir en los asuntos de sus vecinos y aumentar su peso a nivel internacional, aunque sea a costa del malestar y la inseguridad de los demás.

Así, se ha ido creando un caldo de cultivo estructural en el que fácilmente se ha abierto paso, para unos, la tentación de recurrir a la represión violenta y en el que también, para otros, ha germinado el malestar y la contestación social. Todo ello ha desembocado en una situación altamente preocupante en la que podría parecer a primera vista que no hay salida.

 

Perdiendo el miedo

La represión violenta ha sido, con diferencia, la opción preferida por los gobiernos de la zona desde hace décadas, combinada con diferentes dosis de clientelismo y paternalismo para intentar mantener la paz social. Con el objetivo de preservar su dominio y escasamente sensibles a las necesidades y demandas de sus poblaciones respectivas, se ha hecho habitual para ellos el recurso al castigo como método preferente para mantener, en clara connivencia con muchos gobiernos foráneos, un statu quo del que ambos son los principales beneficiarios. Escasamente dispuestos a permitir la libre expresión de la población, y más aún tras la experiencia de la llamada primavera árabe, existe hoy una verdadera contrarrevolución en la que sobresalen los regímenes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Siria y Egipto (sin olvidar a Irán en el bando chií).

Con el paso del tiempo y los efectos de las sucesivas crisis que han afectado seriamente a la capacidad tanto de los citados como de la mayoría del resto para seguir “comprando” la paz social, lo que todavía conservan, sobre todo, es capacidad represora y a ella se están dedicando con ahínco. Eso significa que no cabe esperar un cambio sustancial en su comportamiento, aferrados a un esquema que busca principalmente mantenerse en el poder sin ceder nada sustancial a cambio.

Y lo mismo cabe decir, por desgracia, de los actores externos interesados en la región, dado que en general prefieren entenderse con los gobernantes actuales –por mucho que puedan resultarles incómodos y por mucho que sus propias sociedades civiles los critiquen por su cruda “real politik”–, antes que arriesgarse a que las movilizaciones ciudadanas puedan aupar al poder a nuevos gobernantes, poniendo en peligro el mantenimiento de un orden regional que lleva mucho tiempo sirviendo a sus intereses.

 

Frente a esa poderosa dinámica se opone otra, impulsada por un número creciente de ciudadanos que aspiran a encontrar una salida y un cambio sustancial de su situación.

 

Son ellos los que realmente están tratando de superar los retos actuales y de encontrar soluciones a los problemas que definen sus vidas y los de sus países. Sus fuerzas son, con diferencia, inferiores a las que acumulan sus gobernantes y quienes les apoyan desde fuera. Pero han perdido el miedo a la represión y su determinación parece cada vez más firme como resultado de un bien visible hartazgo acumulado durante años.

Con todas las cautelas que supone cualquier generalización, las movilizaciones/revoluciones que se viven hoy con diferente intensidad en un número creciente de países –con Líbano, Irak, Argelia y Sudán como los casos más recientes– tienen como elemento central la enorme frustración ciudadana con unos gobernantes fracasados, corruptos, ineficientes y totalitarios, incapaces de garantizar unos niveles decentes de bienestar y seguridad para todos. Sobre esa base potencialmente explosiva todo quedaba a la espera de la espoleta que lo hiciera estallar –fuera un joven que se inmoló ante una comisaría, como en Túnez; la represión contra unos niños que pintaron unas consignas políticas contra el gobierno, en Siria; el intento de aplicar una cuota mensual de casi 6 euros por las llamadas telefónicas de WhatsApp, en Líbano; el aumento del precio de los combustibles, en Irán; o factores menos señalados, como en Libia, Yemen, Siria o Argelia–.

La diferencia sustancial con episodios de movilización popular anteriores –cuando la aplicación de programas de ajuste estructural provocaron a finales del pasado siglo revueltas que se limitaban a demandar el restablecimiento de los subsidios a los productos de primera necesidad que habían sido eliminados–, lo que se está produciendo desde 2011 es un movimiento de marcado perfil político, demandando no solo la desaparición del cabecilla de turno, sino el desmantelamiento de un statu quo del que solo en el mejor de los casos reciben migajas paternalistas y clientelares. Han sido y son movimientos transversales (superando las clásicas señas de identidad étnica o religiosa), jóvenes (como corresponde a la estructura demográfica de estos países), espontáneos (en el sentido de que nacen de la propia sociedad y no de una manipulación foránea) y pacíficos (son los gobiernos de turno los que, fieles a su pauta represiva, recurren a la violencia como primera opción).

 

Apoyar cuanto antes regímenes legítimos y representativos

Pero igualmente es cierto que se trata de movimientos todavía por estructurar y a los que solo parece unir el deseo de deshacerse de sus actuales gobernantes. Eso significa que en muchos casos han renunciado incluso a identificar a sus líderes y, en general, no cuentan con programas de gobierno coherentes. Y todo ello les resta fuerza para superar la resistencia de actores mejor organizados y experimentados en la conquista y el mantenimiento del poder.

Por eso no basta con desearle simplemente suerte a sus promotores, confiando en que finalmente lograrán salvar todos los obstáculos que se opongan a su camino. Es previsible que, además de la reiterada represión y en clave lampedusiana [el adagio de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: las cosas tienen que cambiar para que todo siga igual], algunos de esos gobiernos estén dispuestos a aceptar reformas cosméticas para evitar en última instancia que nada sustancial cambie.

 

Es necesario que los gobiernos occidentales democráticos apoyen activamente a esos movimientos, superando la tradicional visión cortoplacista que sigue contentándose con gestionar los asuntos con meros parches, confiando en que el tiempo acabará por hacer encajar todas las piezas del rompecabezas.

 

Los actuales gobernantes no van a abandonar el poder sin resistencia, y menos aún si sienten que son apoyados por Washington, Bruselas, Moscú o tantos otros interesados en la región. El actual modelo de gestión sociopolítica y económica está absolutamente agotado, y los millones de personas que habitan esos países no esperan ya nada de unos dirigentes que han mostrado sobradamente que solo se mueven para mejorar sus privilegios de casta. Una casta que ha dilapidado totalmente su capital político ante los ojos de una población que, consciente de su mala situación y de que en el siglo XXI hay otras alternativas para ver satisfechas sus necesidades básicas y garantizada su seguridad, demanda una limpieza a fondo de un sistema profundamente disfuncional.

En todo caso, mientras son muchas aún las incógnitas por despejar, ya cabe concluir que, sin la presión popular, ninguno de estos imperfectos regímenes parece dispuesto a modificar el rumbo. Lo malo es que tampoco parece que las potencias extranjeras implicadas en la región estén dispuestas a dejar de alinearse con estos últimos. Todo indica que todavía no entienden que esa apuesta por gobernantes fracasados no les servirá para defender mejor sus verdaderos intereses, sin olvidar que ese comportamiento choca frontalmente con sus propios valores y principios. Ojalá entiendan en algún momento que contribuir a la instauración y consolidación de regímenes legítimos y realmente representativos debe ser la vía de acción preferente.

 

 

FOTOGRAFÍA: 11 de enero en Teherán (Irán), una mujer conversa con un policía. (AP/Mona Hoobehfekr)

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GAZA

 

Para ElDiario.es

 

Tras seis guerras y dos intifadas en los últimos 72 años resulta tan claro que los palestinos no van a conseguir (ni solos ni con la ayuda, cada vez más cuestionable, de países árabes) vencer por la fuerza a los israelíes como que estos últimos tampoco lograrán, a pesar de sus repetidas victorias en el campo de batalla, anular la capacidad de resistencia de los primeros.

Como enseñan tantos otros conflictos de larga duración, cuando se llega a ese punto se impone la necesidad de sentarse a negociar, habitualmente con la ayuda de mediadores creíbles para, rebajando los planteamientos maximalistas de cada bando, encontrar un punto de equilibrio que permita mirar hacia adelante.

En el caso palestino-israelí esos intentos –desde el Plan de Partición (1947) hasta el Proceso de Paz (Madrid, octubre de 1991), pasando por tantos subproductos de muy corto recorrido– se han saldado con un rotundo fracaso. Y es inmediato concluir que el que acaba de presentar Donald Trump, junto a su fiel aliado Benjamin Netanyahu, correrá la misma suerte.

A un pronóstico tan rotundo se llega directamente si se tienen en cuenta factores básicos como los siguientes:

1) La credibilidad del supuesto mediador (Trump) está por los suelos. No se trata solamente de que sus reiteradas mentiras y su estilo bronco no ayuden a confiar en su palabra, sino, sobre todo, de que el citado plan es el resultado de un trabajo combinado de Jared Kushner –yernísimo de Trump–, David Friedman –judío ortodoxo acusado de ultraderechista, embajador en Jerusalén y conocido donante de asentamientos ilegales en Cisjordania–, y Jason Greenblatt –judío ortodoxo, excolono y representante presidencial para las negociaciones internacionales hasta septiembre del año pasado pasado, cuando fue reemplazado por Avi Berkowitz (igualmente judío ortodoxo y hasta entonces asistente de Kushner)–.

A ese prejuicioso equipo se une el notorio apoyo de Trump a la causa israelí (aunque mejor sería decir a la de Netanyahu), con gestos tan alejados del equilibrio como la declaración de Jerusalén como capital de Israel y el traslado allí de la embajada o el reconocimiento de los Altos del Golán sirios como territorio israelí.

2) Netanyahu (y Gantz), en línea con lo que ocurre en el Gobierno israelí desde el asesinato de Isaac Rabin (1995), cree que puede acabar controlando completamente la Palestina histórica sin ceder nada sustancial a cambio. Y así el supuesto plan de paz se atreve a plantear que, si finalmente se llega a crear un Estado palestino, tendrá que olvidarse de instalar su capital en Jerusalén y deberá renunciar a contar con espacio aéreo propio, con fuerzas armadas, con el valle del Jordán y buena parte de Cisjordania (dado que los asentamientos allí ubicados pasarán a ser territorio israelí) y, por supuesto, a disponer de contigüidad territorial. Suponer que aun así Palestina podrá ser denominada Estado y que los palestinos se acomodarán pasivamente a ese marco es una ensoñación delirante.

3) No se puede firmar la paz entre dos cuando uno de ellos, la Autoridad Palestina (AP), no ha participado en el proceso. Sencillamente es difícil evitar la idea de que se trata de una imposición de parte, no de un plan trabajado en común, por mucho que ahora se quiera aparentar que se abre un plazo de cuatro años para que los palestinos reconsideren su rechazo inicial.

Cabe recordar que Trump se encargó de cerrar las oficinas de la OLP en Washington y su propio consulado en Jerusalén, que servía como interlocutor directo con la AP, y desde entonces no ha mantenido ningún canal de comunicación ni con Mahmud Abbas ni con su equipo. Por muy débiles que sean, ningún dirigente palestino puede estampar su firma en un documento que supone una rendición absoluta de sus reclamaciones históricas (derecho de retorno de los refugiados incluida).

4) La "compra" de la paz con promesas de ingentes flujos de dinero –se habla alegremente de unos 50.000 millones de dólares solo para Gaza y de crear un millón de empleos– no va a funcionar. Son muchas ya las promesas incumplidas a lo largo de innumerables conferencias de donantes que sirven como precedente.

El propio Proceso de Paz planteaba como objetivo central la mejora del bienestar de la población ocupada como mecanismo idóneo para lograr enganchar a los palestinos en la senda de la paz y, sin embargo, sus condiciones de vida y su seguridad no han hecho más que empeorar, mientras la paz y un Estado propio se han ido alejando cada vez más en el horizonte.

Todo estas razones llevan a pensar que el pomposamente denominado "deal of the century" tiene otros objetivos. Y el que sobresale por encima de cualquier otro es el de reforzar las candidaturas de dos personajes que se mueven desde hace tiempo en aguas turbulentas. Para Trump, con el impeachment sobre su cabeza, este plan le garantiza aún más el apoyo de los cada vez más influyentes grupos evangelistas –uno de sus principales líderes (y asesor presidencial), Mike Evans, ha reconocido que el plan cumple con todo lo que ellos soñaban para Israel–. Por su parte, Netanyahu, que pretende no solo sacarse de encima las tres imputaciones judiciales que le acechan, sino retener su puesto de primer ministro en las próximas elecciones del 2 de marzo, vuelve a recibir el espaldarazo de su principal socio y aliado.

Trump sabe sobradamente que el retraso acumulado en la presentación de su plan (provocado por la convulsa situación electoral israelí) y el hecho de encontrarse personalmente en campaña imposibilita su implementación. Pero, en definitiva, ninguno de los dos busca la paz, sino la victoria.

 

FOTOGRAFÍA: Palestinos en una cafetería en Gaza, mientras retransmiten en la televisión la presentación del presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu del acuerdo de paz Mohammed Talatene/dpa/Europa Press

 

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AFR

 

Para Blog Elcano.

 

A riesgo de provocar hartazgo o rechazo, definir de partida a África como un problema solo busca llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de modificar los esquemas de relaciones que, desde la privilegiada óptica occidental, hemos ido definiendo con ese vasto continente. Visto tradicionalmente como amenaza –ligada fundamentalmente a terrorismo y flujos migratorios descontrolados–, como fuente de recursos naturales y mercado potencial (con China tomando la delantera) o como una simple casilla del tablero de competencia entre grandes potencias, África se enfrenta a problemas que hoy superan sus capacidades. Y el mantenimiento del rumbo actual, en un mundo globalizado tan interdependiente, no solo depara un panorama más preocupante para sus habitantes, sino también para quienes nos ubicamos en su vecindad.

Por supuesto, el protagonismo en la respuesta a los problemas que allí se acumulan debe ser de los propios africanos, dando sentido al tan repetido mantra de “soluciones africanas para problemas africanos”. Un lema que, en boca de los actores externos, apenas sirve para ocultar el mal disimulado desinterés de la comunidad internacional por lo que allí ocurre. Más centrados en seguir explotando sus riquezas y en establecer cordones sanitarios que traten (infructuosamente) de encapsular los conflictos y carencias que salpican su geografía, sigue siendo una asignatura pendiente asumir la corresponsabilidad que nos toca y contribuir decididamente a atender a las causas estructurales que alimentan su creciente inestabilidad y que oscurecen su futuro.

Por lo que respecta a los propios africanos es un hecho que, con la Unión Africana (UA) como referencia, todavía están lejos de contar con los mecanismos necesarios para encarar ese futuro con un mayor optimismo. No se trata tanto de que no haya liquido alguno en la botella –ahí está la puesta en marcha de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, por sus siglas en inglés) como buen ejemplo, añadido a las quince comunidades económicas regionales ya existentes–, como de que el ritmo de llenado es demasiado lento para atender los retos y desafíos que demandan los tiempos. Sea para prevenir exitosamente los procesos que conducen a la violencia, satisfacer las necesidades básicas de sus 1.300 millones de habitantes, capacitar al enorme capital humano que atesora el continente, crear las infraestructuras viarias y de comunicaciones que faciliten las relaciones humanas y económicas, erradicar la corrupción o asentar gobiernos legítimos, la sensación generalizada es que la lista de tareas pendientes supera a la de capacidades reales. Y no tanto por falta de potencialidades como por falta de voluntad para rentabilizarlas y ponerlas al servicio de una agenda común.

Por eso, visto desde la Unión Europea, lo que más destaca es la creencia de que basta con lo que estamos haciendo hasta ahora no solo para tranquilizar nuestras conciencias sobre un pasado tan trágico en el que fuimos responsables directos sino, sobre todo, para neutralizar los riesgos y amenazas que pesan sobre nuestras cabezas en el futuro inmediato. Es un hecho que África acumula ya varias décadas perdidas y que el ritmo de crecimiento económico del continente está todavía por debajo de su crecimiento demográfico. Sabemos igualmente que a mediados de este siglo la población se habrá duplicado; lo que supone un enorme reto para poder cubrir las necesidades básicas y ofrecer una vida digna a los 2.500 millones de africanos de entonces.

Y si alguien puede pensar que basta con aumentar limitadamente los fondos de ayuda al desarrollo o aumentar ligeramente los contingentes de productos africanos que pueden entrar en el mercado común –mientras se incrementan mucho más los fondos para establecer vallas y filtros que les impidan llegar hasta el territorio comunitario– es que sencillamente se ha salido de la realidad para entrar en una ensoñación absolutamente infundada. Desgraciadamente la UE –y lo mismo cabe decir de otros actores externos tanto o más poderosos– parece instalada en esa posición. Ejemplos como el escaso peso en la búsqueda de soluciones para el conflicto de Libia muestra bien a las claras la falta de ambición de unos vecinos que en ningún caso podrán escapar de las consecuencias de lo que allí ocurra.

No deja de ser chocante la reacción de Washington y Bruselas, criticando a China por su creciente relación con el continente sin establecer ningún tipo de condicionalidad en términos de derechos humanos o fomento de la democracia, como si el balance occidental en estos terrenos fuera inmaculado. Lo que, en consecuencia, se plantea como camino no ya prioritario sino radicalmente obligatorio es entender que el desarrollo propio no puede asentarse en el subdesarrollo de nuestros vecinos y que, igualmente, nuestra seguridad no puede lograrse a costa de la inseguridad de quienes nos rodean.

 

FOTOGRAFÍA: Panorámica de la ciudad de Kigali, Ruanda (África Subsahariana). Foto: drien K (CC BY 2.0)

 

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Próximos diplomas, cursos virtuales y semipresenciales en la primera mitad de 2020

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BERLÍN

 

Para Blog Elcano.

 

Los sucesivos fracasos cosechados para poner fin al conflicto que, con diferentes niveles de intensidad, vive Libia desde 2011 explican la cautela de Berlín a la hora de convocar la conferencia que ayer reunió a los máximos representantes de los dos principales bandos enfrentados: Fayed al Serraj, al frente del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN) reconocido por la comunidad internacional, y Khalifa Haftar, líder de la milicia más poderosa del país, el Ejército Nacional Libio, y verdadero hombre fuerte del escenario político y militar libio. Sin llegar a sentarse a la misma mesa, ambos han estado acompañados de altos mandatarios de los países más implicados en el conflicto libio, con un triple objetivo: consolidar un cese de hostilidades, evitar la injerencia de actores externos en la resolución del conflicto y reactivar el proceso político para alcanzar la paz. A la vista del comunicado final no hay nada que no haya sido dicho ya en iniciativas y conferencias anteriores; desgraciadamente con nulo o muy escaso resultado.

Los antecedentes más inmediatos no invitaban al optimismo, una vez que Haftar desairó al propio Vladimir Putin y a Recep Tayyip Erdoğan al no estampar su firma en el documento que Moscú y Ankara habían pergeñado la semana anterior, en un ejercicio que mostraba a las claras que ambos gobiernos son hoy los referentes principales en juego. Y si el mariscal rebelde –apoyado política y militarmente por Arabia Saudí, EAU, Egipto, Francia y Rusia– se ha atrevido a tanto es porque no comparte el mantra ya habitual al referirse a Libia, según el cual “no hay solución militar para el conflicto”. Haftar cree que sí hay un camino hacia la victoria (que no equivale a la paz) gracias a su superioridad en el campo de batalla. Una superioridad que le ha permitido no solo controlar la Cirenaica, sino también la región de Fezzan hasta que, en abril del pasado año, consideró que estaba en condiciones de hacer lo propio con la Tripolitania y tomar finalmente la capital, derribando así al debilitado gobierno de Serraj –respaldado tan solo por Italia, Qatar y Turquía.

Haftar no solo cuenta con más y mejores apoyos, sino también con el control de los importantes yacimientos de hidrocarburos del país –los mismos que el pasado día 18 bloqueó, provocando una caída de la producción nacional de los 1,3 millones de barriles diarios a tan solo 0,3; o, lo que es lo mismo, generando unas pérdidas de 55 millones diarios a las arcas del Banco Central de Libia que, actualmente, es la única vía para evitar el colapso total del país. A pesar de todo ello era obvio que, hasta septiembre pasado, la victoria se le seguía resistiendo, hasta que Putin decidió implicarse más fondo, facilitando la llegada de hasta unos 2.500 mercenarios del Grupo Wagner que le han permitido a Haftar llegar al punto actual.

Visto así, parecería que la decisión de Erdoğan de desplegar tropas propias (y, sobre todo, centenares de milicianos sirios proturcos) en apoyo de Serraj es tardía y hasta equivocada. Resulta evidente que los centenares de refuerzos turcos no servirán para dar un vuelco total a la situación, con Serraj cada vez más impotente en manos de unas milicias que solo comparten su animadversión a Haftar. Pero eso sería olvidar que el objetivo de Erdoğan no es tanto posibilitar la imposible victoria de su aliado local como defender sus propios intereses en Libia y mantener las relaciones con Moscú (Erdoğan ni se va a enfrentar militarmente a Putin por defender a Serraj ni se va a implicar tanto como para empantanarse en un escenario de muy difícil salida). Y bajo esta óptica cobra más sentido que haya dado un paso tan criticado –aunque solo sea porque viola el embargo de armas decretado en su día por la ONU–, con tal de aumentar sus opciones para, al menos, lograr un puesto en cualquier foro negociador que se pueda establecer, tanto para intentar recuperar parte de los fondos que ya comprometió en Libia antes de su actual derrumbe (estimados en más de 16.000 millones de dólares), como para reservarse un trozo de la tarta que se vaya a repartir a continuación y para potenciar sus posibilidades de participar en la explotación de los recursos energéticos que pueda haber en el subsuelo marino del Mediterráneo Oriental (gracias al controvertido acuerdo que firmó en noviembre pasado con el GAN).

Por su parte, Putin ha logrado, como ya hizo anteriormente en Siria, erigirse en la referencia principal en el intento por poner fin al conflicto libio, en un claro contraste con la imposibilidad del enviado especial de la ONU, Ghasam Salamé, de hacerse oír y, por supuesto, con los vaivenes de la Casa Blanca (en abril apoyó abiertamente la ofensiva de Haftar por considerarla alineada con la lucha contraterrorista estadounidense, aunque estaba atacando a grupos, como las milicias de Misrata, que se habían distinguido al lado de Washington en la eliminación de grupos yihadistas asociados a Daesh) y de la misma Unión Europea, anulada en gran medida por las posiciones enfrentadas que Francia e Italia mantienen al respecto.

Precisamente, con la invitación a Berlín, Angela Merkel ha pretendido recuperar el tiempo y la imagen perdidas, sumándose a los esfuerzos de la ONU. Aun así, inevitablemente sus palabras suenan un tanto ilusorias cuando dice que se trata de evitar la internacionalización del conflicto libio (cuando eso ya es un hecho) y el suministro de armas a los combatientes (cuando eso se viene produciendo en claro desaire al Consejo de Seguridad desde 2011). Esto sí es llegar tarde y arrastro.

 

FOTOGRAFÍA: Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron (sentado, de espaldas) y Abdelfatah al-Sisi en la Conferencia Internacional sobre el conflicto libio en Berlín (19/1/2020). Foto: Kremlin.ru (CC BY 4.0)