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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para ElDiario.es
El acoso y derribo a UNRWA es una tarea en la que, desde hace años, se encuentran implicados actores tan potentes como Estados Unidos e Israel. Pero, de momento, con la ratificación aprobada el pasado día 13 por parte de la Asamblea General de la ONU para prolongar su mandato otros tres años, tal como ya había sido aprobado previamente el 15 de noviembre por el Cuarto Comité de dicha organización, todavía no pueden cantar victoria.
En el lado positivo de la balanza cabe destacar el hecho de que 169 países hayan apostado por dar continuidad a la labor asistencial -sobre todo en el ámbito de la educación, la salud y la ayuda humanitaria- que viene desarrollando la Agencia desde su creación en 1949. Tampoco es menor el gesto de Qatar -anunciado el pasado fin de semana en el marco del Foro de Doha-, aportando otros 20,7 millones de dólares para llegar a un total de 40 a lo largo de este mismo año. Aunque puntual, es una clara señal de esperanza en un contexto cada día más inquietante para los 5,5 millones de refugiados de Palestina que en Jordania, Líbano, Siria y en el territorio Palestino (Gaza y Cisjordania) dependen vitalmente de lo que UNRWA pueda hacer a diario.
Y lo mismo puede decirse del resultado cosechado en estos últimos dos años, gracias a la incuestionable resiliencia de la población palestina y al esfuerzo de todo el personal de la Agencia para poder hacer frente al brutal recorte de fondos que la administración estadounidense decidió a principios del pasado año (pasando de 365 a solo 60 millones de dólares). Esa decisión, que en el presente año significó la cancelación total de los fondos estadounidenses, ha supuesto un duro golpe tanto para los beneficiarios de los distintos programas de la Agencia como para sus propios trabajadores, dado que UNRWA se ha visto sumida en la mayor crisis presupuestaria de su historia y su capacidad de maniobra se ha recortado hasta el extremo, hasta el punto de tener que eliminar programas esenciales y retrasar pagos de salarios al personal (abrumadoramente de mayoría palestina).
Por el contrario, en el lado negativo se hace cada vez más visible el esfuerzo liderado por Washington y Tel Aviv para eliminar definitivamente la Agencia, lo que incluye no solamente negarle apoyo económico sino también desprestigiarla (a través de una cacería emprendida contra su máximo responsable, dimitido el pasado 6 de noviembre y sometido a una investigación interna en la que, de momento, ya se ha confirmado que no hay ninguna apropiación indebida, ni fraude ni malversación). La apuesta es clara: reformular drásticamente el concepto de persona palestina refugiada para limitarlo exclusivamente a quienes queden vivos de aquella originaria Nakba.
Se trata, sin apenas disimulo alguno y en el contexto del tan cacareado como desconocido “acuerdo del siglo”, promovido por Donald Trump, de ayudar a Israel a deshacerse de la responsabilidad por haber provocado el éxodo palestino en 1948 y de la necesidad de reconocer ningún tipo de derecho de retorno a los que sufrieron aquel drama y sus descendientes. De ese modo, y crecientemente preocupados por el inminente cambio demográfico en la Palestina histórica (que se traducirá a corto plazo en que, entre el Jordán y el Mediterráneo, los judíos israelíes serán minoría), Tel Aviv pretende blindarse, al tiempo que sigue adelante con una política de hechos consumados que busca reventar la resistencia palestina y su sueño de contar algún día con un Estado propio.
El momentáneo alivio derivado de la prolongación del mandato no puede ocultar en ningún caso que la situación financiera de UNRWA sigue siendo muy peliaguda; no solo porque todavía necesite 167 millones de dólares para cuadrar sus cuentas a finales de este año, sino porque nada garantiza que en el próximo la situación vaya a ser más boyante. No solo se da por descontado que Estados Unidos mantendrá su postura de negación de apoyo, sino que queda por ver qué hará el resto de donantes (el presupuesto se nutre de contribuciones voluntarias) en un escenario en el que la causa palestina va perdiendo peso en la agenda internacional. Y eso da ventajas tanto al gobierno estadounidense como al israelí.
En todo caso, y en contra de lo que argumentan sus críticos más acérrimos -que confían en que, sin la cobertura protectora y asistencial de la Agencia, el tema de los refugiados terminará por diluirse-, hay que volver a insistir en que UNRWA no es el representante político de los palestinos, no es parte del conflicto y no participa en ningún proceso de paz o negociación.Simplemente es un actor humanitario encargado de paliar el daño causado a la población refugiada palestina y de proteger sus derechos. Su desaparición, en definitiva, sería una catástrofe sin paliativos.
FOTOGRAFÍA: Un hombre transporta alimentos de UNRWA en camión en Gaza / 2017 UNRWA / Gaza
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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para Blog Elcano.
Aunque todavía formalmente subordinado a la Cámara de Representantes ubicada en Tobruk, liderada por Aguila Saleh Issa, Khalifa Haftar ya era desde 2014 el hombre fuerte de la Cirenaica. Desde entonces, y aprovechando a su favor los apoyos externos que le llegaban fundamentalmente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Egipto (sin olvidar a Francia y Rusia), ha ido asentando su poder también en la región sur de Fezán, mientras simultáneamente el Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), liderado desde Trípoli por un visiblemente debilitado Fayez al Serraj (reconocido por la comunidad internacional pero apenas apoyado por Qatar e Italia, con Turquía en una posición cada vez más visible), ha ido perdiendo peso hasta convertirse en irrelevante. Eso es lo que llevó a Haftar a creer que también la Tripolitania estaba finalmente a su alcance y de ahí el lanzamiento de su ofensiva contra la capital, iniciada el pasado 4 de abril, en un gesto que arruinó toda posible negociación o cese de hostilidades.
En todo caso, el empuje de su propia milicia, el Ejercito Nacional Libio, no ha tenido el éxito esperado. Por el contrario, y a pesar de las enormes divergencias entre las milicias que le hacen frente –entre las que destacan las de Misrata y Zintan, junto a algunos actores armados de las montañas del noroeste, unidas únicamente por su animadversión contra Haftar–, Trípoli no está todavía en sus manos. La violencia desatada desde abril –en lo que cabe considerar el tercer capítulo de la guerra que vive el país desde el estallido de 2011– ha provocado más de 1.000 muertos y al menos 140.000 nuevos desplazados, según la OMS. Igualmente, ha desembocado en el estancamiento de los frentes militares alrededor de la capital y ha arruinado la posibilidad de poner fin a la violencia en una hipotética mesa de negociaciones, tal como muestra la pesimista visión del enviado especial del Secretario General de la ONU, Ghasam Salamé, que llegó a calificar la ofensiva de Haftar como un golpe de Estado.
Esto no quiere decir que Haftar haya cejado en su empeño. Por el contrario, y tras haber redoblado su apuesta militar desde septiembre, ahora acaba de proclamar que ha llegado la hora cero para tomar la capital. Además de la maquinaria militar que ya lidera, cuenta para ello con el apoyo que le presta un número cada vez mayor de mercenarios rusos del Grupo Wagner, ligado al empresario Yevgeny Prigozhin, uno de los asesores de cabecera de Vladimir Putin. Si ya antes de esa fecha era bien visible el interés de Moscú por recuperar posiciones en Libia –con apoyo logístico y armamentístico–, ahora se añade el suministro de más armas (drones y piezas de artillería especialmente) y el despliegue de centenares de mercenarios en primera línea de combate y de francotiradores que selectivamente están matando a muchos combatientes de las fuerzas leales al GAN.
Pero aun en el caso de que Haftar logre salir del empantanamiento actual no hay que dar por descontada su victoria. De hecho, frente a unas milicias que cabe suponer que lucharán hasta el límite de sus fuerzas, es inmediato imaginar que, si los combates se trasladan al interior de la capital, a la fase actual le seguiría otra de insurgencia generalizada contra quien muchos ven como un nuevo al-Sisi con pretensiones de monopolizar el poder en una futura Libia y de erradicar toda huella del islamismo político.
Por eso, y aunque a primera vista pueda parecer que Putin puede estar cerca de su objetivo de lograr volver a poner un pie (o dos) en Libia de la mano de Haftar, es Estados Unidos quien sigue teniendo más bazas para cambiar la negativa dinámica que caracteriza a este país desde la caída de Gadaffi. Y esto es así porque, por un lado, es Washington quien tiene la posibilidad de influir en Haftar, dado que es un ciudadano estadounidense contra el que puede emplear el US War Crimes Act. Y, por otro, porque también es Washington quien puede forzar tanto a Turquía como a EAU, Egipto, Qatar y Arabia Saudí a que se ajusten al embargo de armas decretado en su día por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo malo es que se trata del mismo Estados Unidos que en abril de este mismo año, por boca de su presidente, apoyó abiertamente la ofensiva de Haftar por considerarla alineada con la lucha contraterrorista estadounidense (cuando en realidad Haftar estaba combatiendo a grupos, como las milicias de Misrata, que se habían distinguido al lado de Washington en la eliminación de grupos yihadistas asociados a Daesh).
Poco ayuda en cualquier caso el hecho de que el GAN sea tan débil que no logre atraer el apoyo de una población que ha comprobado dolorosamente su falta de capacidad no solo política sino también a la hora de atender sus necesidades básicas diarias. Y tampoco mejora la situación el hecho de que los principales actores que apoyan formalmente a dicho GAN (salvo Turquía que hasta se muestra dispuesto a enviar tropas en su ayuda) estén dando señales inequívocas de que han dejado de apostar por al Serraj y por quienes aún se empeñan por encontrar una salida negociada al embrollo libio.
FOTOGRAFÍA: Khalifa Haftar durante su encuentro con Sergey Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia en 2017. Foto: MFA Russia (CC BY-NC-SA 2.0)
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- Escrito por Jesús A. Núñez Villaverde
Para ElDiario.es
Diez meses después del arranque de un proceso de movilización ciudadana que hizo visible el hartazgo de buena parte de los 41 millones de argelinos con un sistema de poder no solo anacrónico sino también corrupto y antidemocrático, Argelia ha llegado a unas elecciones presidenciales que se pueden ver cómo el punto en el que se han cruzado dos caminos divergentes. Así, la victoria del ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune, con el 58,15% de los votos, será vista por unos como la confirmación de su visión lampedusiana, mientras que para otros solo quedará como un intento fracasado de parar las ansias de cambio de la ciudadanía.
Por uno de esos caminos transita le pouvouir, una amalgama de facciones malavenidas, a cuyo frente destacaba hasta hace muy poco el hermanísimo, Said Buteflika, sustituido ahora por el jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, los prebostes de las empresas públicas y los principales dirigentes del Frente de Liberación Nacional y la Reagrupación Nacional para la Democracia. Incapaces de consensuar un relevo al decrépito Abdelaziz Buteflika –lo que probablemente les habría evitado enfrentarse a la situación actual–, volvieron a ser los uniformados, encabezados por el ya citado Gaid Salah –más conocido como "Sargento García", como parodia sarcástica de un personaje televisivo de escasas luces–, los que tomaron las riendas del proceso.
Su estrategia se ha centrado desde entonces en intentar calmar las protestas, primero desembarazándose del propio Buteflika y luego fijando un calendario electoral (retrasado tanto en abril como en julio) para llevar a la presidencia a un actor circunstancial, encargado de mantener el statu quo vigente aplicando algunas medidas cosméticas que no alterasen los privilegios de sus promotores. No por casualidad, los cinco candidatos finalmente en liza eran hombres, colaboradores del sistema en diferentes puestos de responsabilidad, mayores y de origen rural. Simultáneamente –como migajas que trataban de aparentar una voluntad real de reforma, pero que más bien pretendían fragmentar al ya por entonces denominado Hirak (el Movimiento)– se usó el sistema judicial para eliminar a antiguos enemigos internos –no solo al hermanísimo, sino también a ex jefes de gobierno como Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellah–, haciéndolo pasar por un ejercicio de justicia sensible a las demandas de la población, al ofrecer sus cabezas al pueblo (como en las mejores versiones de cualquier dictadura que se precie).
A partir de ahí, ya solo quedaba confiar en el cansancio de la población movilizada (con dosis de represión muy medidas) para rematar el plan con la necesaria tarea de manipulación de los votos de quienes, a pesar del boicot promovido por el Hirak, decidieran acercarse a las urnas. Se contaba para ello con la Autoridad Nacional Independiente para las Elecciones (ANIE), creada exprofeso para la ocasión hace apenas tres meses (en las anteriores convocatorias era el Ministerio de Interior el encargado de esta tarea). De ese modo, sin caer en la tentación de anunciar unos resultados a la norcoreana, se nos dice que un 41,14% de los argelinos han depositado su voto; lo que significa en torno a diez puntos menos que en los comicios de 2014, pero sirve para dar un barniz de representatividad del sentir popular. Igualmente, se otorgan a más de la mitad de los votos a Tebboune (identificado desde el principio como cercano a Gaid Salah), con idea de evitar una segunda vuelta que habría supuesto un mayor (y quizás insostenible) desgaste de quienes están pilotando este proceso.
Por el otro de los caminos señalados se ha movido el Hirak. Tras haber superado el trauma de la herida violenta de la última década del pasado siglo y el miedo a la represión de un sistema ducho en la materia, porcentajes crecientes de la población argelina no solo se han levantado contra la farsa de un poder que no atiende sus necesidades, sino que ha sostenido la protesta de manera pacífica desde finales de febrero. Y esa es su principal fortaleza, evitando los intentos de cooptación por parte de grupos de la oposición política (incluyendo unos grupos islamistas en decadencia). Pero también de ahí se deriva su propia debilidad; no solo porque siempre es más fácil destruir o combatir un modelo que alumbrar uno nuevo, sino también porque su renuncia a potenciar a líderes reconocibles y a presentar alternativas estructuradas de futuro pueden volverse en su contra a corto plazo.
A sus 74 años, Tebboune llega ahora a la presidencia en un contexto de profunda decepción ciudadana y con un escaso respaldo popular. En el mejor de los casos (suponiendo ilusoriamente que esa fuera su intención) le será muy difícil salirse de la senda que le marque le pouvouir (al que, en definitiva, pertenece y representa). Y tampoco resulta fácil imaginar cómo va a llevar a cabo las reformas que demanda la población cuando los precios del gas y del petróleo están en franca caída y cuando se acaba de aprobar el presupuesto para 2020 con una reducción prevista del gasto público del 9%. Mientras tanto, en un nuevo ejercicio de ceguera, la Unión Europea contiene la respiración a la espera de que la jornada electoral reduzca la tensión y de que amaine la protesta.
FOTOGRAFÍA: Un ciudadano vota en un colegio electoral en Argel (Argelia) EFE
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- Escrito por IECAH
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Fecha de inicio: 11 de febrero Fecha de clausura: 28 de febrero Duración: 60 horas |
Destinado a todas las personas interesadas en entender las principales claves del mundo cambiante actual, ya sean profesionales de la cooperación, estudiantes o cualquier persona interesada en este ámbito.
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- Escrito por José David Nebreda Martell
Cambiar el futuro repitiendo el pasado - R-ARCSS:
El tratado de paz en Sudán del Sur
En septiembre de 2018 se anunció la firma de un nuevo tratado de paz para tratar de poner fin a la guerra civil que azota a Sudán del Sur. Este tratado, (R-ARCSS por sus siglas en inglés: Revitalised Agreement for the Resolution of the Conflict in South Sudan), es fruto del esfuerzo diplomático de potencias regionales (Etiopía, Uganda, Kenia) e internacionales (China y la llamada “troika” compuesta por Noruega, EEUU y Reino Unido), además de la ONU y líderes políticos de la mayoría de las facciones implicadas en el conflicto interno del país más joven del mundo.
Al anuncio del tratado de paz siguieron todo tipo de declaraciones de optimismo y buena voluntad: reuniones entre los líderes de gobierno (Salva Kiir) y el principal grupo de la oposición (Riek Machar), repetidos informes de descenso en el nivel de violencia, retorno de desplazados internos y refugiados, presión para cerrar los campos de desplazados, etc. En la misma línea, UNMISS, la misión de Naciones Unidas presente en el país desde 2011, así como las agencias humanitarias de la ONU se sumaron a esta tendencia, remarcando el importante progreso que ha visto Sudán del Sur. Incluso llegaron a modificar la estrategia humanitaria y de comunicación en el país, que desde principios de año ha cambiado sustancialmente su enfoque, centrándose ostensiblemente y de manera generalizada en iniciativas de reconciliación, apoyo al retorno de desplazados y refugiados e iniciativas de reconstrucción y rehabilitación.
Un año después de dicha declaración, y a pesar de la lluvia de comunicados y cumbres de paz, la realidad sobre el terreno apunta en una dirección totalmente diferente. La realidad es que, desde el anuncio del tratado de paz, el progreso en su puesta en práctica por parte de las distintas facciones ha sido escaso, frágil y, en más de una ocasión, dudoso. Las fechas límite negociadas en 2018 han sido pospuestas dos veces, en mayo y por segunda vez el 12 de noviembre de 2019. Esta falta de progreso no ha pasado desapercibida, como demuestra el reciente comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al respecto. La nueva extensión de 100 días solicitada por las partes, más de un año después de la firma del tratado, no sólo es claramente insuficiente para cumplir todos los compromisos prometidos, sino un inequívoco síntoma de que algo no está funcionando.
Y es que, a pesar del optimismo oficial, el escepticismo entre muchos conocedores del contexto era generalizado por varias razones, que pueden dividirse en dos tipos: de diseño del propio tratado de paz y de la situación real sobre el terreno. Ahora nos centraremos en las del primer tipo.
Lo primero que se puede decir es que la arquitectura de reparto de poder esbozada en los acuerdos de paz es problemática. Para empezar, contempla un presidente y nada menos que cinco vicepresidentes, cada uno con su capital dentro del país, y treinta y cinco ministerios, además de un sinnúmero de comisiones, asambleas y consejos, cuyos asientos se reparten entre las diferentes facciones firmantes del tratado. Todo ello resulta en una hipertrofiada, compleja y poco práctica estructura de poder, en la que el partido del gobierno (SPLA-IG) tiene una clara sobrerrepresentación respecto a los demás.
Aún más preocupante es que ciertos grupos de considerable influencia, como el National Salvation Front en la región de Ecuatoria, no son parte firmante del tratado, y las hostilidades se mantienen contra ellos mientras se habla de paz. En otros casos, grupos más pequeños han entrado en el tratado de paz de la mano de facciones más grandes y de distinto origen tribal; aún está por ver que los grupos mayoritarios, en concreto el SPLA-IG en el gobierno, dominado por la tribu Dinka, y el principal grupo de la oposición SPLA-IO de mayoría Nuer, respeten y den voz a otros grupos más pequeños que, más por necesidad que de buen grado, se han acogido en su seno. Debemos recordar que el elemento tribal es uno de los más importantes factores en la política del Sudán del Sur, pues más de 60 tribus habitan el país.
Por otra parte, los mecanismos de reconciliación nacional recogidos en el tratado- indispensables si se quiere reconstruir la confianza perdida entre las distintas facciones y grupos étnicos, y también muy importante, la confianza de la población en las instituciones- no están constituidos. Esto incluye la administración de justicia. Más allá de mítines y reuniones entre líderes políticos que quedan sólo en palabras, los mecanismos para consolidar un sistema judicial y una paz basada en la reconciliación nacional o bien no se han constituido, o lo han sido solamente sobre el papel, sin recursos reales para cumplir su cometido.
Otro aspecto que puede tener consecuencias funestas para el país a largo plazo es la distribución territorial. Si bien el tratado de paz no fija un número de Estados, sino que deposita la responsabilidad en una comisión dedicada a tal efecto, la realidad es que desde su independencia en 2011, Sudán del Sur ha pasado de tener 12 Estados a 28, en 2015, y luego 32, desde 2017. Dichos cambios en la administración territorial han sido siempre por orden presidencial; mientras que la oposición, por su parte, no se queda atrás y aboga por un sistema de 21 Estados. Estos repetidos cambios en el trazado de fronteras de los Estados (y sus subdivisiones inmediatas, los condados) han respondido más a intentos de control por parte de los grupos en el poder, redistribución de la composición étnica del país y gerrymandering, que a una demanda popular real. Todo apunta a que la actual comisión instituida por el R-ARCSS trabaja para confirmar la última decisión del presidente de dividir el país 32 Estados.
Pero, tal vez, lo más peligroso para la paz en Sudán del Sur sea el modelo de desmovilización de combatientes y reparto de poder, como recoge un estudio del London School of Economics. Básicamente, parte de la premisa de que el mayor riesgo para la paz son grupos descontrolados de excombatientes que, una vez desmovilizados y aún en posesión de sus armas, recurran al crimen o la violencia para sobrevivir o formar nuevas facciones políticas. Para evitarlo, lo que se propone es poner en nómina e integrar en la administración y el ejército a todos ellos, proporcionando un aliciente económico para que estos individuos se integren en la estructura política y de seguridad del país. Las diversas partes obtienen así recursos en función de las fuerzas que movilicen, irónicamente, para su posterior desmovilización. Esto produce el efecto contrario, ya que incentiva el reclutamiento de más y más hombres bajo la promesa de que obtendrán salarios y empleo fijo una vez llegue el tratado de paz, creando no sólo una espiral de movilización, sino también el riesgo de sobrecargar una estructura pública caracterizada ya de partida por depender económicamente de ayudas externas. En caso de que el tratado de paz no prospere, las partes, mejor armadas y desconfiando de las demás precisamente por el reclutamiento llevado a cabo, serían aún más proclives a reanudar la lucha. Esta misma lógica de desarme y desmovilización ya se usó en el tratado de paz de 2016, mostrándose claramente inefectiva, e incluso contraproducente.
En suma, el R-ARCSS no se ha abordado de manera efectiva y, por tanto, arrastra muchos de los defectos de su predecesor. Sin mecanismos que supervisen su aplicación, ésta se ha visto entorpecida y asfixiada desde su nacimiento por parte de las mismas élites políticas encargadas de llevarla a cabo. La opinión pública internacional, hastiada de la falta de progreso en la resolución de un conflicto muy poco comprendido y que cada año devora importantes sumas en cooperación y ayuda humanitaria, ha puesto su confianza en un tratado que no corrige casi ninguno de los problemas que hicieron fracasar la paz apenas dos años antes, todo bajo la premisa de que “más vale un tratado malo que ninguno”.
FOTOGRAFÍA: Salva Kiir (derecha) y Riek Machar (izquierda). Philip Dhil/EPA
