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- Escrito por IECAH
Un conflicto que dura ya 28 meses donde la geopolítica regional es tan compleja que impide una rápida solución. Por ello, las agencias de ayuda humanitaria que trabajan en Siria lo hacen en solitario y contra reloj, sabedoras de que cuanto más dure el conflicto más violento se tornará.
El pasado 13 de junio tuvo lugar en Madrid un encuentro entre profesionales de la ayuda humanitaria con el objetivo de discutir y analizar los nuevos desafíos que deben afrontar en la actual crisis siria y poner de relieve las necesidades más grandes de los refugiados, desde protección, sanidad y refugio hasta comida, higiene, y educación.
Jean Raphaël Poitou, responsable de Acción Contra el Hambre (ACH) para Eurasia lleva tiempo trabajando en varios puntos del país. Como todas las demás agencias, tiene su base de operaciones en Damasco, pero no dudan en adentrarse en algunas zonas tan castigadas y distantes como Deir el-Zoor, Hassakeh o Raqqa, bastión de los rebeldes. "Nos gustaría hacer más y llegar a más sitios pero hay una complicada pesadilla burocrática para todas las ONG que impide que haya fluidez. Además está la cuestión de los visados por ejemplo, que sólo son válidos para 3 meses y no puedes entrar y salir." Esta situación hace que las 11 ONG que trabajan en Siria de manera oficial no puedan hace operaciones crossboarder o transfronterizas. Hoy por hoy, este tipo de acciones sólo pueden llevarse a cabo desde Turquía y de manera encubierta como lo hace Médicos Sin Fronteras (MSF) debido a que la zona en cuestión y el paso fronterizo hace tiempo que dejaron de estar controlados por el gobierno de Damasco.
Para Paul Spiegel, subdirector de Departamento para el Programa de Apoyo y Gestión de ACNUR, la clave está en los países vecinos. "Los países limítrofes con Siria están siendo una pieza fundamental en la gestión de la crisis de refugiados. Líbano, Jordania, Turquía e incluso Iraq están haciendo notables esfuerzos para albergar a una población civil que lo ha perdido todo", comenta.
Sólo en el Líbano hay 500.000 refugiados registrados, la mayoría de ellos en contextos urbanos. Se calcula que alrededor de 300.000 más podrían estar no registrados. Al principio eran alojados en casas de familiares y amigos. Más tarde en habitaciones de hotel o viviendo de alquiler. Hoy esa situación se está haciendo cada vez más insostenible para una familia media. Las ONG están empezando a dar dinero a las familias para puedan pagar un alquiler.
La cuestión sobre el estatus y condición de refugiado en este conflicto no es algo baladí. Turquía es uno de los países que más está acogiendo pero se niega a llamarlos "refugiados", en vez de ello prefiere utilizar la palabra "invitados" o "huéspedes". "No los llaman refugiados por el tema palestino. Muchos han visto de cerca cómo la situación de los refugiados palestinos sigue sin resolverse dentro de sus propias fronteras y temen que los sirios acaben convirtiéndose en lo mismo", afirma Spiegel.
Por otro lado, Europa está diciendo a Turquía que abra sus fronteras orientales por la cuestión de los refugiados pero al mismo tiempo le está pidiendo que sea más estricto y vigilante en sus fronteras con Grecia y la UE por el tema de la inmigración ilegal. Una situación complicada evidentemente pero que deja en evidencia la falta perspectiva de occidente. Para Ed Schenkenberg, anfitrión del evento y director ejecutivo de DARA "es la crisis más humanitaria más grande desde la 2ª Guerra Mundial. Y no creo que la gente sea consciente de la gravedad de esta situación", comenta.
Los campos en Turquía están diseminados a lo largo de la frontera en las provincias de Hatay, Kilis, Gaziantep y el kurdistán turco. Son gestionados por el gobierno y el proceso de registro es largo y complicado. Por si fuera poco, la mayoría de ellos están levantados en lugares demasiado próximos a la frontera, algo que según Schenkenberg "en términos de protección es una situación que está lejos de ser la ideal"
Jordania sería la otra cara de la moneda, con campamentos que cada día crecen como la espuma y donde el sistema sanitario es gratuito para los refugiados. El campo de Zartarii, es uno de los más grandes en estos momentos. Sin embargo, no está ausente de problemas ya que en los últimos meses las tensiones han derivado en conflictos que han llegado a causar verdaderos problemas de seguridad e incluso incendios.
El gobierno jordano no quiere poner la seguridad porque no quiere problemas con los miembros del Ejército Libre Sirio (ELS), ocultos en los campamentos, pues considera que podrían llegar a convertirse en sus próximos vecinos si éstos ganan la guerra. Una situación que guarda relación con las demás ONG islámicas. Éstas ayudan a sólo una parte de las víctimas y se niegan a trabajar con las demás que, obligadas por los principios humanitarios, deben ser imparciales y neutrales. .
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- Escrito por IECAH
El pasado 29 de mayo en Afganistán un comando suicida atacó las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la ciudad Jalalabad, asesinando a un guardia de seguridad e hiriendo a un delegado de la organización.
Todavía nadie ha reclamado la autoría del atentado. Sin embargo, el acontecimiento ha sobrecogido al mundo de la ayuda humanitaria.
El CICR no sólo goza de una protección especial bajo las Convenciones de Ginebra sino que además a lo largo de los 12 años de guerra en Afganistán se ha granjeado el respeto y admiración de sus habitantes. Su labor ha sido reconocida incluso por la insurgencia talibán como "una organización imparcial que trabaja para los necesitados, los indefensos y los oprimidos del mundo".
Aunque no es una práctica habitual, las agencias de ayuda humanitaria que trabajan en zonas de conflicto se exponen a ser blanco de cualquiera de los contendientes y el escenario afgano no es una excepción. Ya en 2003 un ingeniero del CICR, Ricardo Munguia fue asesinado cuando trabajaba en la provincia de Uruzgan. El suceso conmocionó tanto a la propia agencia como a la comunidad internacional. Como medida de respuesta el CICR decidió que la necesidad de hacerse respetar como una organización asistencial y neutral debía ser todavía más evidente y así acabó por convertirse en la agencia que cuenta con las relaciones más fuertes con los grupos insurgentes. Actualmente recupera los cuerpos de combatientes para realizar los enterramientos, busca y visita a los detenidos, manteniendo el contacto con sus familias. Brinda asistencia médica a los civiles y combatientes heridos por igual y llama a ambas partes para dar cuenta de violaciones de las leyes sobre conflictos armados.
Sin embargo, diez años después del ataque en Uruzgan, vuelve a repetirse la misma historia sin que nadie revindique el atentado. No cabe dudad de que el ataque en Jalalabad fue intencionado tanto por el procedimiento empleado como porque el lugar de las instalaciones y el símbolo de la Cruz Roja es ampliamente conocido por la población afgana desde hace décadas.
El portavoz del CICR explicó a The Guardian que el ataque debió producirse por "algún grupo armado, no sabemos todavía quién pero estamos tratando de averiguarlo". En el comunicado que emitió la organización tuvo por objeto denunciar la agresión y dejar claro que, cuando se entiende por objetivo militar a las agencias humanitarias, se traspasa una línea roja. "Condenamos este ataque en los términos más fuertes posibles" dijo Jacques de Maio, jefe de operaciones del CICR para Asia del Sur. "Ahora mismo nuestros pensamientos están con la familia de nuestro compañero fallecido".
Sin embargo, todavía poco se sabe sobre la autoría y los responsables que están detrás del ataque. Por ello no se descarta que la orden viniera de un grupo externo o independiente de la cadena de mando de la insurgencia. En tal caso, la situación sería incluso más seria puesto que a partir de ahora cabría esperar nuevas agresiones contra el personal humanitario desplegado en el país.
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- Escrito por Andrea Pascual Ramos
Si atendemos a las cifras, podemos afirmar que la situación en el país es desesperada: la ONU informa de que más de 80.000 personas han perdido la vida. Además, según datos de ACNUR, el número de refugiados que han abandonado Siria desde que estalló el conflicto supera ya los 1,6 millones y más de 4,26 millones de personas se han desplazado dentro del país. Los problemas de salud, la falta de agua y de acceso a los servicios básicos son una constante entre la población. Asimismo, John Ging, director de operaciones de OCHA, alerta de que 3 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, esto es, se ven privadas de acceso a una alimentación adecuada y suficiente. Tampoco hay apenas empleos, lo cual incrementa la vulnerabilidad y la dependencia de los sirios con respecto a las ayudas de todo tipo, y otros problemas de índole cualitativa son la acumulación de basuras en las áreas afectadas por el conflicto, el aumento de la violencia sexual y de género, así como las tensiones entre los refugiados y las poblaciones receptoras, tal como señala ACNUR.
Intermón Oxfam ha publicado en su blog los testimonios de los afectados, en el que podemos leer descripciones como la que sigue:
"No tenemos agua, sufrimos cortes de electricidad y hay ratas y ratones por todas partes. Todo está sucio. Es imposible mantener nada limpio. Hay goteras en el tejado... En Siria jamás vivimos así. Nunca pensamos que llegaríamos a vivir en estas condiciones", cuenta una mujer de 33 años, madre de cuatro hijos.
Las previsiones son, si cabe, más devastadoras. ACNUR calcula que el número de refugiados podría aumentar a 3,45 millones de personas a finales de año, lo cual supondría un claro agravante de la situación en la que malviven las personas afectadas.
Por todo ello, la ONU y las ONG humanitarias a nivel mundial han realizado este llamamiento a los países donantes para intentar contener en la medida de lo posible la tremenda crisis humanitaria que padece la población siria y que, si las variables se mantienen constantes, no hará sino empeorar en los próximos meses.
Fuentes:
- ACNUR
- Intermón Oxfam
- OCHA
- Reliefweb
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- Escrito por IECAH
Hombres armados en hospitales, pacientes acosados; instalaciones sanitarias utilizadas para identificar y capturar a los enemigos; clínicas abandonadas y hospitales destruidos.
Servicios de urgencias colapsados donde el personal médico vive presa del miedo a represalias por haber proporcionado asistencia a un paciente; ambulancias que no pueden acceder a los heridos o quedan retenidas durante horas en controles de carretera; divisiones y resentimientos arraigados que deniegan la asistencia médica que necesitan a algunos grupos.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y Médicos Sin Fronteras (MSF) expresan su condena firme a cualquier acto que, deliberadamente, tenga por objetivo distorsionar el acto médico y denegar la atención sanitaria a los heridos y enfermos. Un paciente no puede ser un enemigo. Los enfermos y los heridos no son combatientes. La ética médica obliga a todos los trabajadores sanitarios a atender a todos los pacientes y a preservar la independencia del acto médico. El personal sanitario debe actuar de forma imparcial, priorizando la prestación de asistencia únicamente por motivos médicos. Para ello, los lugares donde trabajan, las ambulancias, las clínicas móviles, los puestos de salud y los hospitales deben ser espacios seguros y neutrales.
Sin embargo, desde Siria a la República Democrática del Congo, de Bahrain a Malí o Sudán, parece que esta imparcialidad no está siendo respetada. Y los civiles están pagando un precio muy alto, con miles de personas viéndose privadas de atención médica.
Desde finales de diciembre, 29 personas han perdido la vida mientras llevaban a cabo campañas de vacunación contra la polio en Nigeria y Pakistán, dos de los tres países donde la enfermedad sigue siendo endémica. Como en todos los demás casos de violencia contra instalaciones y trabajadores médicos, el drama que supone la muerte de las víctimas y el dolor de sus familias son sólo las consecuencias más directas de estos ataques. Miles de niños que tendrían que haber sido vacunados ahora han quedado expuestos a la polio y al riesgo de parálisis. Las organizaciones sanitarias se han visto obligadas a revisar sus actividades y a añadir cuestiones de seguridad a los retos que implica la prestación de asistencia en estas circunstancias.
La magnitud del problema es alarmante. La mayoría de los incidentes que, de una forma u otra, niega el derecho de los heridos y enfermos a la atención sanitaria pasan desapercibidos. Ocultas y fuera del alcance de los trabajadores sanitarios, gobiernos y organizaciones internacionales, muchas personas siguen padeciendo enfermedades y lesiones sin poder recurrir a la atención médica que necesitan. MSF y el CICR pretenden sacar a la luz la magnitud y las consecuencias de la amenaza que supone para la atención sanitaria. El objetivo es producir cambios reales en el terreno para que las personas, quienesquiera que sean o dondequiera que estén, puedan acceder a la atención sanitaria que necesitan sin miedo.
El desempeño y el comportamiento de los propios trabajadores sanitarios – el personal implicado en la gestión, administración y transporte así como aquellos que se encargan del diagnóstico, la prevención y el tratamiento – son fundamentales. Afianzar la aceptación de su trabajo por parte de las comunidades y los grupos políticos y militares es un prerrequisito esencial para poder operar en contextos sensibles y volátiles. Esto requiere una demostración inequívoca del respeto por la ética médica y la imparcialidad.
Y hay casos, por ejemplo en lugares de Afganistán en los que trabajan nuestras organizaciones, donde hemos conseguido garantizar la seguridad para las instalaciones médicas y la provisión de atención sanitaria a los pacientes a pesar de un contexto de violencia brutal. Si queremos estar seguro de que estos casos no son destacables excepciones a la regla; si queremos fomentar entre todos los actores la responsabilidad de protección de la atención sanitaria, necesitamos un esfuerzo global concertado.
Los símbolos que indican claramente la presencia de servicios médicos, como la Cruz Roja y la Media Luna Roja o el distintivo de MSF, deben obligar a respetar y proteger la práctica médica. Cuando son explotados o ignorados, no importa la cantidad de sacos de arena que pongamos, éstos no conseguirán ofrecer protección a los pacientes ni a los trabajadores sanitarios.
El verdadero reto es, en primer lugar, encontrar formas de prevenir estos actos. La principal responsabilidad para impedir que se acose, obstaculice o maltrate a la asistencia médica radica en los estados y en todas las partes implicadas en el conflicto. Hay que ayudar a los
trabajadores sanitarios a que cumplan con su deber médico, y los estados deben asegurar que se toman todas las medidas posibles para proteger la acción médica por medio de su legislación nacional y que estas medidas se implementan.
La protección de los enfermos y de los heridos reside en el corazón de las Convenciones de Ginebra, sin embargo la violencia – en todas sus formas – contra las instalaciones médicas y el personal sanitario representa, hoy por hoy, una de las cuestiones humanitarias más desatendidas. El acto médico beneficia a todo el mundo, combatientes y no combatientes, y cualquiera que lo necesite debe poder acceder a él, sin condiciones.
